La Asamblea ya ha paralizado préstamos extranjeros. / DEM


Los representantes de bancos internacionales en El Salvador coincidieron ayer en que el próximo Gobierno del país, que tomará las riendas del Ejecutivo este 1 de junio, deberá priorizar los acuerdos políticos con la Asamblea Legislativa para financiar y ejecutar sus proyectos.

El Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE, llamaron ayer a la próxima administración a lograr acuerdos que garanticen la aprobación o rechazo oportuno de los préstamos que ponen a disposición del país.

Actualmente, El Salvador tiene préstamos detenidos por $256 millones que deben gestionarse en 2019 y otros $1,500 millones pendientes de tramitarse en las multilaterales. En el país, detallaron, la falta de acuerdos ha provocado que se ignoren plazos y se afecte la ejecución de proyectos que ya han sido aprobados por los directorios de los bancos.

El representante del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica, Óscar Avalle, aseguró que el diálogo político entre el Ejecutivo y el Legislativo es clave para lograr “la inversión estratégica que estamos preparados todos a invertir en este país”.

Es necesario, agregó, que esos préstamos sean discutidos “y se reciba una aprobación o un rechazo, que es el derecho del legislativo, pero que no permanezcan 800 días sin ser tratados”.

Carmiña Moreno, representante del BID en El Salvador, añadió que la institución tiene ocho préstamos “en plena ejecución”; sin embargo, “algunos se demoraron en la ratificación en la Asamblea, precisamente, más de 800 días”. “Cuando se gestiona y se define que hay un proyecto de inversión, (es necesario que) se lleguen a acuerdos con anticipación, para que sean ratificados, para que puedan ejecutarse y cumplir los objetivos con que se diseñan”, añadió.

Moreno informó que la Asamblea Legislativa tiene pendiente aprobar un préstamo del BID para el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), que apoyará la eficiencia energética de las pymes, cuyo plazo vence en junio próximo. Asimismo, Para Raúl Castaneda, representante del BCIE en el país, “la falta de acuerdos demora la ejecución (...) Se merman los efectos de proyectos en un proceso legislativo que podría ser mejorado”.