La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) aclararon ayer que el cierre de cuentas bancarias o suspensión de servicios financieros se debe únicamente por sospechas de lavado de dinero y corrupción.

En una carta, la SSF indicó que la institución no tiene facultades legales para ordenar ni ha resuelto contra el cierre de cuentas bancarias a personas naturales o jurídicas.

“Para la apertura o cierre de cuentas bancarias las entidades son las que toman esas decisiones con base a sus políticas de gestión de riesgo, y deben cumplir con los procedimientos y políticas internas y disposiciones legales que habiliten dicha actuación”, dijo la SFF.

En ese sentido, en un pronunciamiento, ABANSA y sus bancos miembros manifestaron que son responsables de implementar y evaluar medidas en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción.

“Sus acciones (bancos), incluida la terminación de contratos, están enmarcadas en el estricto cumplimiento a la Ley de Bancos, la Ley de Lavado de Dinero y Activos, Código de Comercio y buenas prácticas internacionales”, dijo ABANSA.

En 2015, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), de la Fiscalía General de la República (FGR), inició un proceso para acreditar a las personas naturales y jurídicas que se desempeñan en 11 actividades productivas, como parte de las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.

 

Denunciarán a la banca

Este situación resaltó tras la publicación de un campo pagado por Compliance, asesoría y consultoría legal. Al respecto, el abogado Rafael Hernán Córtez, explicó que el bufete, compuesto por 15 profesionales del derecho, ha iniciado acciones para una demanda colectiva contra la banca por, explicó, el cierre arbitrario de cuentas o conclusión de relaciones.

Las instituciones financieras, explicó, “se han dado a la tarea de cerrar cuenta, cambiando plazos, incrementando intereses a personas que consideren un potencial riesgo para la banca. Unilateralmente, la banca ha cerrado no menos de 2,000 cuentas”, agregó.

Córtez comentó que las instituciones bancarias han concluido relaciones con sus usuarios, algunos con hasta 15 años de ser clientes, solamente enviando un escrito explicándoles que “por ser un riesgo reputacional se cierra su cuenta”.

Explicó que los bancos se resguardan en que algunos de estos clientes tienen un proceso legal pendiente, pero al hacer eso, estarían“ imponiendo una sanción anticipada, condenando a una persona”, agregó.

 

11 Actividades

Las empresas y personas naturales que se desempeñan en 11 actividades productivas están obligadas a acreditarse.



2,000 Cuentas

Estiman que han cerrado las instituciones financieras, alegando que “es un potencial riesgo para la banca”.