Los productores no recuperaron la producción desde la crisis de la roya de 2013 y en 2017 se enfrentaron a otra baja de precios. / DEM

En las próximas semanas vencen dos fideicomisos clave para el sector cafetalero, quien urge a los diputados de la Asamblea Legislativa extender una prórroga para evitar un incremento en los embargos de fincas.


El 31 de diciembre de 2021 vence la deuda acumulada del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (Ficafe) y en enero de 2022 concluye la prórroga al Fondo de Emergencia del Café (FEC).


Pese a que la Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal) ha solicitado un decreto que prorrogue ambos vencimientos, hasta la fecha el tema no se ha discutido, al menos de forma pública, en el pleno legislativo.


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Omar Flores Hidalgo, presidente de la gremial, advierte que sin una prórroga al vencimiento “la situación se volverá muy complicada” porque significa que desde el primero de enero de 2022 los productores con deuda pendiente de Ficafe serán sujetos de embargos.


“Estamos a la espera de la aprobación del decreto que hemos pedido”, señaló Flores Hidalgo al tiempo que reconoció que aún no se reúnen con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) o los diputados para discutir la propuesta.




La situación se volverá complicada. A partir del primero de enero, todos (los productores con deuda) quedan sujetos a que los embarguen”.
Omar Flores Hidalgo
Presidente de Acafesal



¿En qué consisten estos fondos?


En 2001, el sector cafetalero atravesó una crisis sin precedente cuando los precios internacionales se desplomaron ante un exceso de producción mundial del café, pero el consumo no observó igual dinamismo y los caficultores redujeron los costos de producción al limitar al máximo la inversión en insumos y en labores.


En ese momento, la extinta Fundación Salvadoreña para la Investigación del Café (Procafe) estimó que en el 79 % del área cafetalera se dejaron de realizar actividades agrícolas en El Salvador, lo que, luego, se traduciría en una menor producción en los próximos años.


En ese contexto, se creó en junio de 2001 el Ficafe como un apoyo en conjunto del sistema financiero salvadoreño y el gobierno central para mitigar los efectos de la baja de precios y la capacidad de pago de los deudores.


Para ese período ya se había creado el Fondo de Emergencia para el Café, en agosto de 2000, como una institución para otorgar un anticipo a los productores de $25 por cada quintal de café oro uva.




El sector cafetalero es el principal empleador en la zona rural con más 50,000 puestos de trabajo. Actualmente se encuentran en la corta del ciclo 2021/2022.

Ficafe tenía aval para emitir un valor nominal de $210.3 millones en Certificados Fiduciarios de Participación Amortizable (CFPA) en el mercado local, pero la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) reporta que se transfirieron $257.5 millones.


A raíz de la crisis de la roya, que redujo a la mitad la producción de El Salvador, se emitió en 2013 una ley transitoria para suspender los pagos en intereses y capital de los préstamos provenientes del Ficafe hasta el 31 de diciembre de 2018, pero este período se modificó a solicitud de los productores para este 2021.


A la fecha, según la Acafesal, los caficultores adeudan al Ficafé $77.8 millones y $25.6 millones al Fondo de Emergencia.


La Acafesal recordó que el sector no ha podido recuperar su solvencia porque desde 2017 se enfrentó a una baja de precios del café en el mercado internacional, que ocasionó que varios productores vendieran o quemaran sus fincas para sembrar granos básicos.


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