La recuperación de la economía salvadoreña dependerá del dinamismo de Estados Unidos por su dependencia en remesas y concentración de exportaciones. / DEM
El crimen y la violencia, así como la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños amparados en este régimen en Estados Unidos, podrían limitar la recuperación de la economía salvadoreña para 2021, advierte un estudio presentado ayer.
El estudio fue elaborado por la consultora en economía, estrategia y finanzas, MAP Economic and Business Advisors, a solicitud de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). Esta investigación revela que El Salvador podría decrecer en -4.3 % en 2020, en un margen interior al estimado para la región de América Latina en hasta una contracción de -5.8 %.
La proyección es que América Latina tenga un repunte económico el próximo año, pero no todos los países tendrán una recuperación uniforme a los niveles vistos previo a la crisis del nuevo coronavirus. Juan Pablo Ronderos, socio director de la consultora, advirtió que el pronóstico para El Salvador es un crecimiento de 3.2 % condicionado a riesgos que podría ocasionar que el rebote sea hasta inicios de 2022.
El Salvador tiene riesgos “enormes” si Estados Unidos cancela el TPS el 4 de enero de 2021, fechan en que termina la extensión, así como si la recuperación de la economía estadounidense no avanza a la velocidad esperada y se continúa frenando las remesas y exportaciones.
“Obviamente, entendemos, lamentablemente, que en El Salvador el crimen y la violencia sigue siendo un factor importante a pesar de que el año pasado han bajado muy fuerte los ratios de violencia y este año gracias a la cuarentena pareciera que van a seguir bajando. Pero siempre es una amenaza”, indicó Ronderos.
Medidas fiscales
El estudio también destacó que la respuesta fiscal del Gobierno salvadoreño ha sido agresiva, con estímulos al consumo para contener el impacto económico de la pandemia. “Pero las medidas presentan altos errores de inclusión y exclusión, que podrían generar un incremento de la desigualdad de ingresos”, sostuvo.
Los incentivos a la demanda podrían no llegar a dos terceras partes de la fuerza laboral que se encuentra en el sector informal, excluyendo a “una alta proporción de los vulnerables”.
Además, influye la limitada capacidad del Gobierno para implementar una agenda de infraestructura porque depende del sector privado dado el alto nivel de deuda pública.
América Latina se encuentra frente a la peor crisis desde la contracción económica de 1930 y esta pandemia “sorprende a la región sumida en sus propias dificultades”, añadió el experto, con una realidad socioeconómica de bajo crecimiento y deterioro de sus indicadores de empleo y pobreza, al igual que una alta exposición a los efectos externos por la dependencia en remesas y turismo, y la baja capacidad de la política económica.
La región se encuentra sumida en el peor desempeño económico de los últimos 40 años. Las políticas regionales deberán atender:
Lo inmediato: De mayo a junio de 2020: La consultora recomienda evitar una destrucción masiva de valor, es decir, que cierren empresas y hayan despedidos masivos. Se pueden implementar algunos cambios temporales en las reglas para el comercio exterior, en el ámbito laboral y logístico.
La clave es evitar una disrupción fuerte de la economía.
Corto plazo: En el segundo semestre de 2020. En este período se recomienda darle vigor a la recuperación, que la caída sea lo más corta posible y el repunte económico se dé en “V”. Para la consultora, reactivar la economía requerirá una liberación “inteligente” de las restricciones sanitarias.
La clave es poner en marcha la producción cuanto antes, indicó.
Mediano plazo: Para aplicar durante 2021. La consultora recomienda “no destruir” los incentivos económicos para producir e invertir en la economía. En este período, se requiere evitar daños a los factores de crecimiento de largo plazo, en particular en el marco regulatorio como lo laboral o impositivo.
La clave es sostener la recuperación en el tiempo.