La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) dejó la responsabilidad de lanzar la licitación del Puerto de La Unión a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con quien aún discute aspectos técnicos de la terminal sobre su supuesto uso para fines militares.
Nelson Vanegas, presidente de la empresa estatal, aseguró que se “han contestado todas” las inquietudes a JICA sobre las bases de licitación para adjudicar la terminal portuaria, que en diciembre pasado cumplió 10 años sin operar a su máximo potencial.
Puesto que “principalmente” la duda de JICA era sobre si la terminal podía o no utilizarse para fines militares, CEPA envió una carta a Japón “expresando que nuestro puerto, por el tema constitucional y por todo el marco legal que existe, no puede ser usado para fines militares”, indicó Vanegas.
Las bases de licitación del puerto deben contar, por ley, con la aprobación de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) y la Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), dependencia del Ministerio de Hacienda. CEPA necesita la no objeción de JICA por ser quien prestó $101.3 millones de los $180 millones que se invirtieron en construir el puerto.
“Estamos esperando la no objeción del JICA, no podemos dar un fecha mientras no tengamos la no objeción del JICA. Todo depende ahora de Japón”, indicó Vanegas al preguntarle si dejarían el concurso de licitación para el próximo Gobierno.
Las estadísticas de CEPA indican que en el puerto se atendieron 25 buques en 2008, tres menos comparado a los 28 recibidos en 2017. La llegada de estas naves significó una movilización de 11,538 toneladas métricas.
De los 25 atendidos, dos corresponden a granel, un buque Ro-Ro (cualquier tipo de cargamento rodado, como vehículos), un crucero, 20 pesqueros y otro de fines varios. Asimismo, de 2010 a 2018, en la terminal se atendieron solo 215 buques y desde 2013 no moviliza contenedores.