La Defensoría del Consumidor denunció ante el Tribunal Sancionador al cuarto proveedor que realizaba cobros indebidos de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), un recargo que venció en noviembre pasado.
El CESC era una contribución que se comenzó a aplicar en octubre de 2015 y finalizó en noviembre de 2020. Contemplaba el cobro del 5 % en la adquisición y utilización de servicios de telefonía y aparatos de telecomunicaciones para financiar labores de seguridad.
Tras finalizar su vigencia, la Defensoría del Consumidor activó un plan de inspecciones a escala nacional para verificar que esta contribución no se siguiera cargando a los consumidores salvadoreños a través de las recargas prepago de saldo.
Se realizaron inspecciones a 400 establecimientos del 11 al 24 de febrero de 2021, en cuyos operativos se encontró a cuatro proveedores que aún continuaban aplicando el cargo. Esta acción se encuentra tipificada en la Ley de Protección al Consumidor (LPC) como una práctica abusiva.
Los cobros indebidos que presentó la Defensoría van desde los $0.05 hasta los $0.50 en recargas de saldo de un dólar por $0.05, de dos dólares por $0.10, de tres a cinco dólares por hasta $0.25, y de diez dólares por $0.50.
La institución encontró estos cobros en proveedores de San Salvador, en Zacatecoluca La Paz, San Juan Opico en La Libertad, y San Francisco Morazán en Chalatenango.
Los proveedores que aplicaron cobros indebidos podrían ser sancionados con multas de hasta 500 salarios mínimos de la industria.
La Defensoría pidió a los consumidores denunciar cobros indebidos al teléfono 910, o al WhatsApp 7860-9704, además de contar con las redes sociales de la institución.