El Ministerio de Hacienda presentará el presupuesto de 2021 esta semana a la Asamblea Legislativa, en el cual el peso del servicio de la deuda representaría hasta una cuarta parte. / DEM
El saldo de la deuda en Letras del Tesoro (Letes), conocidas como la “tarjeta de crédito del Gobierno”, continúa superando su máximo histórico y llegó a $1,476.9 millones a agosto pasado, indica un informe publicado en Transparencia Fiscal la semana pasada.
En el mercado local, el Gobierno tiene la opción de emitir Letes y Certificados del Tesoro (Cetes) cuando se enfrenta a deficiencias temporales de liquidez. Estos instrumentos pueden ser adquiridos por inversionistas, administradoras de fondos de pensiones (AFP), casas corredoras o los bancos, que en el caso de El Salvador son los principales compradores de la deuda flotante del Ejecutivo.
Cuando la crisis sanitaria y económica generada por el covid-19 comenzó en El Salvador, en marzo pasado, el Ministerio de Hacienda recurrió a Cetes y Letes para fondearse ante la caída de los ingresos tributarios y la exigencia de más gasto público para el ramo de salud y la entrega del bono de $300 a las familias afectadas.
| En marzo pasado, el Ejecutivo emitió Letes y Cetes para entregar $300 a las familias afectadas por la cuarentena impuesta para contener los contagios. En ese período también se redujo la reserva de los bancos. |
El saldo de las Letes ya venía en una tendencia creciente incluso antes de la pandemia, pero desde marzo hasta agosto de 2020 se encuentra casi en el límite permitido para este año de no superar el 30 % de los ingresos corrientes del Gobierno, calculados por $1,566.39 millones.
El informe del Ministerio de Hacienda revela que la deuda de Letes llegó a $1,476.9 millones a agosto pasado, equivalente al 94 % del límite permitido para este año.
“Indica es que varias de las emisiones de Letes han sido posiblemente para pagar las Letes que se vencen, es decir, que básicamente este instrumento no les (al Gobierno) está haciendo de mucho provecho en estos momentos”, indicó Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El poco margen para seguir emitiendo Letes y la presión de liquidez del Gobierno empujaron a que el Ministerio de Hacienda emitiera la semana pasada un paquete de $645.8 millones en Cetes. “De lo contrario era posible que no hubieran podido cumplir; sin embargo, de no obtener financiamiento externo este problema será una constante los próximos meses”, advirtió el economista.
“Ese saldo lo que indica es que varias de las emisiones de Letes han sido posiblemente para pagar las Letes que se vencen (…) No está haciendo de mucho provecho”.
Ricardo Castaneda
Economista del Icefi
El informe de Transparencia Fiscal detalla que el saldo registrado a agosto es $491.55 millones adicionales (49.8 % aumento) frente al mismo período en 2019, cuando la deuda en Letes fue de $985.3 millones.
En tanto, si se compara con febrero, el último ejercicio con relativa normalidad antes del choque de la pandemia en marzo, los datos revelan que el Gobierno emitió $427.05 millones durante siete meses al pasar de $1,049.8 millones en febrero a los $1,476 millones a agosto, un aumento de 40.6 %.
Una presión más para 2021
Ya que las Letes tienen vencimientos de corto plazo, que no superan los 360 días, el Gobierno se enfrentará en los próximos meses una serie de compromisos en amortizaciones de deuda que ejercerán “muchísima presión porque la tasa a la que se han emitido es muy alta”, recordó Castaneda.
En las anteriores emisiones se agenciaron tasas de hasta 9.5 % de interés que “incrementarán la partida del servicio de la deuda” para 2021, indicó el economista del Icefi, al recordar que el dato se confirmará esta semana cuando el Ministerio de Hacienda presente el anteproyecto del presupuesto para el próximo año.
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“Pero no me extrañaría que el servicio de la deuda representara más de una cuarta parte del presupuesto”, matizó.
Una primera aproximación de cuánto podría costar el servicio de la deuda en 2021 (intereses y amortizaciones) la brindó la semana pasada la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), quien estima que El Salvador llegue a pagar hasta $1,726 millones por estos compromiso durante el próximo año.