Tras analizar el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación de 2020, presentado en septiembre pasado, el tanque de pensamiento concluyó que el documento no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, en cuanto a reducir el peso de la deuda pública y el déficit fiscal, ni con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2017 de no subestimar partidas presupuestarias.
La institución calcula en su informe que la deuda pública contemplada en el anteproyecto del presupuesto de 2020 es de $19,942.6 millones (71.9 % del PIB); sin embargo, al sumar los préstamos solicitados por el Ministerio de Hacienda la deuda se elevaría para el próximo año a $20,153.1 millones, equivalente al 72.7 % del PIB.
En este monto ya se incorporan los préstamo para financiar el Plan de Control Territorial y el proyecto de desarrollo económico y social.
El déficit fiscal calculado para 2020 es del 3.5 % del PIB pero para estabilizar la deuda se necesita un 2.7%, indicó Carolina Alas de Franco, del Departamento de Estudios Económicos (DEC) de Fusades. “Recordemos que somos un país con una deuda alta y un déficit alto nos lleva a más endeudamiento”, comentó durante al entrega de la investigación.
Fusades estima que la deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) cierre en $18,970.9 millones en 2019, el 70.7 % del PIB.
Si la proyección se mantiene para 2020 de llegar a los $20,1531 millones, el nivel de endeudamiento para el próximo año aumentaría $1,182.2 millones frente a lo estimado para este año y crecería 2 % del PIB.
La Ley de Responsabilidad Fiscal establece que la deuda pública no debe superar el 60 % para 2030, mientras que el déficit fiscal en 2021 debe llegar en 1.2 % del PIB. Esto supone que el Gobierno debe hacer un mayor esfuerzo para estabilizar la deuda en más de 12 % (considerando el 72.7% estimado para 2020) en la próxima década y reducir un 2.3 % el déficit entre 2020 y 2021.
Más dinero para funcionamiento
La economista de Fusades indicó que la mayor parte del endeudamiento para 2020 se destinará para funcionamiento del aparato público y aumenta 52 % frente a 2019.
Se estima que para el próximo año la necesidad de financiamiento alcance los $959.7 millones, pero de esos $204.2 millones corresponderían a préstamos para proyectos sociales y $755.8 millones son deuda para funcionamiento.
“El mayor endeudamiento se encuentra para funcionamiento, por las experiencias anteriores, probablemente esto está inflado y se va a recortar, esperemos que no sea artificial”, sumó la economista.
