Ni la violencia le costó tanto a El Salvador para avanzar en la innovación como la falta de facilidades para crear un nuevo negocio, revela el Índice Global de Innovación (GII, por sus siglas en inglés). Un ranking en donde la economía salvadoreña cayó 18 posiciones en los últimos nueve años y se colocó a la cola del resto de América Latina.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) elabora cada año el GII en colaboración con la Universidad de Cornell y la Escuela de Negocios INSEAD. Es un ranking que mide los avances en materia de innovación de 130 economías del mundo a través de 80 indicadores que exploran el entorno político, la educación, la infraestructura y el desarrollo empresarial en cada país.

La OMPI selecciona cada año una temática especializada y en su edición de 2019 se enfocó en la innovación médica para la próxima década y en cómo la tecnología transformará la atención sanitaria en todo el mundo. El último informe destaca que si bien las economías con mayor capacidad de innovar y adaptarse logran mejores resultados, también hay países que sobresalen por “traducir la inversión en insumos para la creación de innovadores productos”.

En la última edición del índice, correspondiente a 2019, El Salvador se colocó en la posición 108 y significó cuatro puntos atrás de los resultados obtenidos en 2018, en el puesto 104. Esta tendencia es marcada en los últimos nueve años, pues el país cayó 18 escaños desde 2011, cuando ocupaba el puesto 90.

El Salvador es el segundo país de Centroamérica con menor innovación, según la OMPI, solo le supera Nicaragua en la posición 120 del índice. La región es liderada por Costa Rica en el peldaño 55, seguido de Panamá en el 75. Honduras está en el escaño 104 y Guatemala en el 107.

 



 

¿Qué pasó?

Dentro de los 80 indicadores del GII se consideran aspectos como la presentación de solicitudes de derecho de propiedad intelectual, creación de aplicaciones móviles, gasto en educación, y publicaciones científicas. Todos se reúnen en los pilares de instituciones, capital humano, sofisticación de negocios, infraestructura, conocimiento y tecnología, modernización de mercado, y creación de productos.

El bajo resultado de El Salvador responde en gran medida a la caída en el pilar de instituciones, de 28 puntos en los últimos nueve años al pasar del puesto 67 en 2011 al 95 en 2019. En este componente se incluyen los indicadores de estabilidad política, eficiencia de Gobierno, regulación, leyes, y facilidad para crear negocios.

La mayor dificultad para que El Salvador avanzara en innovación se observó en el indicador de facilidades para crear negocios, según la OMPI, pues el país cayó 67 puntos. En 2011, la economía salvadoreña era la 65 en el mundo con menos trabas para crear una nueva empresa y en 2019 se colocó en la 111.

“Innovar significa invertir”, señaló Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quien considera que la innovación está vinculada a los emprendimientos, pero en El Salvador se encareció en los últimos años de “cosas indispensables” para crear nuevos negocios. En los aspectos claves que considera el empresario está la educación, salud, energía eléctrica, seguridad pública y jurídica, así como un sistema de patentes y trámites.

En El Salvador, el exceso de trámites en los ministerios que componen el Órgano Ejecutivo tiene un costo económico social de $406.9 millones cada año, equivalente a un 1.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), según un estudio que elaboró el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).

“De tantos trámites que hay, la burocracia y los requisitos, hacen que sea sumamente difícil poder innovar”, sumó el vocero de la cúpula empresarial.

 

Crear una empresa cuesta hasta $3,000 en El Salvador

El presidente de ANEP detalló que en El Salvador crear una empresa tiene un costo entre $1,500 y hasta $3,000. El empresario ejemplificó que mientras que en Estados Unidos abrir un nuevo negocio se realiza de manera electrónica y tiene un valor de $125, en el país el proceso puede alargarse hasta un año y medio. Una de las propuestas que no logró avanzar con el anterior Gobierno es la eliminación de la escritura pública dentro de los requisitos para abrir una empresa con capital fundacional inferior a $100,000. La iniciativa era del OMR, pero no tuvo respaldo del Centro Nacional de Registro (CNR) porque, justificó, afectaría al gremio de notarios.