El CNR discrepa del OMR en reforma al Código de Comercio

La falta de un acuerdo entre el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) y el Centro Nacional de Registro (CNR) ha impedido que las reformas al Código de Comercio lleguen al seno de la Asamblea Legislativa para su debida aprobación, ya que estas instituciones discrepan sobre la eliminación de la escritura pública como requisito para constituir una empresa.

El articulado de reformas al Código de Comercio busca reconocer legalmente al portal electrónico MiEmpresa.gob.sv y, la más polémica, eliminar la escritura pública de los requisitos para abrir una empresa. Esta propuesta fue presentada a la Secretaria de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Casa Presidencial en julio pasado por el OMR, quien realizó consultas con todas las instituciones involucradas, entre ellas el CNR, indicó Jaime Campos, director ejecutivo de dicha institución.

El OMR fue creado en noviembre de 2015 por decreto ejecutivo, en el marco de Fomilenio II, programa que ejecuta la donación de la Corporación Reto del Milenio (MCC, en inglés). Su objetivo es revisar la legislación y promover reformas para agilizar la tramitología.

Con esta propuesta, de ser aprobada, se eliminaría el requisito de la escritura pública para empresas con capital fundacional inferior a $100,000. Además, agregó Campos, se reducirían los costos en la creación de una entidad empresarial en el orden de $500 a $1,000.

Al respecto, José Mauricio Sermeño, director de Registro de Comercio del CNR, confirmó que la institución en efecto participó del proceso de consulta del OMR, “pero siempre se les aclaró” que era necesario consultar con el gremio de notarios por ser ellos, en primera instancia, los responsables de crear una empresa.

“Nosotros hemos pedido que se escuchen a los gremios de profesionales del derecho para que opinen al respecto. Sí somos enfáticos en aclarar que consideramos que es un requisito importante, y que no es transcendente la eliminación”, manifestó Sermeño.

El funcionario detalló que anualmente se crean 3,000 empresas, y la mayoría lo hace con un capital mínimo de $2,000.

Punto en negociación

Campos aseguró que el OMR está claro en su postura, pero podrían negociar en reducir el techo de capita fundacional de $100,000 hasta los $50,000. Además, consideró oportuno crear un sistema optativo, que consistiría en mantener el requisito de la escritura pública para las empresas que inicien con $100,000, mientras que al resto se les podría aplicar un formulario administrado por el CNR.

“Es allí donde vemos una posibilidad que puedan tener más empresas de formalizarse y como país podamos tener un impacto en el Doing Business”, agregó Campos.

Al respecto, Sermeño indicó que no puede “decir que vamos a negociar porque al final nuestra función es únicamente recibir los documentos y calificarlos”.

PUNTOS EN DESACUERDO EN REFORMA AL CÓDIGO DE COMERCIO

OMR

Pide eliminar la escritura pública de los requisitos para abrir una empresa con un capital fundacional inferior a $100,000. Negociaría reducir hasta los $50,000 o implementar un sistema optativo que consistiría en mantener el re-quisito para empresas con capital inicial superior a los $100,000 y para el resto aplicar un formulario.

CNR

No está de acuerdo con eliminar la escritura pública, pues con el requisito o sin él se seguirán creando empresas. Además, consideran que con esto se mantiene control, ya que la Fiscalía General de la República les pide información por el tema de lavado de dinero.

Vetan Ley de Simplificación de Trámites

El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, decidió vetar la Ley de Simplificación Administrativa, a pesar de reiteradas solicitudes de gremiales empresariales de sancionar esta normativa, por considerarla un ancla para agilizar los procesos administrativos en materia de comercio.

Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa la semana pasada. Crea el Instituto de Facilitación de Trámites (Indefácil), adscrita a la Presidencia de la República, y ello generó diferencias con el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).

Ayer, en un comunicado, el Ministerio de Economía (Minec) celebró la decisión adoptada por el Presidente de la República en relación a esta normativa, y señaló que se evita “que se generen conflictos de atribuciones entre entidades, un incremento en el aparato del Estado y respetando los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”.

De igual forma, instó al pleno legislativo que se retome en el corto plazo la discusión del anteproyecto de Ley de Procedimientos Administrativos, presentado por el Minec en noviembre de 2016.