Este monto es superior al presupuesto del ramo de Salud, estimado por $755.78 millones, o los $1,039.74 millones asignados para 2020 al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
El alto costo del endeudamiento, cada vez mayor para funcionamiento, también se traduce en pago de intereses y amortizaciones que desvían “recursos que podrían haberse dirigido a gasto social”, advirtió la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Para 2020, el Gobierno debe preparar $1,102.0 millones en desembolsos del servicio de la deuda correspondiente al SPNF, que no incluye las empresas financieras del Estado. Comparado con 2019, estos compromisos se verán disminuidos en $720.9 millones frente a los $1,822.9 millones estimados para el cierre de 2019 y se debe a que este año El Salvador debe honrar $800 millones de un vencimiento de bonos, programado para diciembre próximo.
La asignación de recursos para el servicio de la deuda mantiene una constante de crecimiento. Por ejemplo, en 2015 estos compromisos requirieron $793.7 millones, pero en 2016 fueron $889.0 millones, en 2017 representaron $969.5 millones y en 2018 rompen el histórico al llegar a $1,017.7 millones.
“Siempre hay capital e intereses, pero si hubiera sido menor habría más fondos para mejorar los servicios públicos y para los programas sociales”, explicó Carolina Alas de Franco, del Departamento de Estudios Económicos de Fusades.
¿Cuánto pagamos de intereses?
Las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el Gobierno pagó entre enero y septiembre pasado $761.67 millones por los intereses de la deuda. Este monto representó $11.39 millones adicionales a lo reportado en el mismo período en 2018, por $750.28 millones.
El BCR destaca que al cierre de 2018 el pago de intereses representó $924.21 millones, este fue el monto más alto desde 1990 y representó $124.39 millones adicionales de 2017, cuando totalizó $799.82 millones.
Precisamente por el alto costo del servicio de la deuda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró el viernes pasado a El Salvador la necesidad de aplicar un ajuste fiscal de 2 % del Producto del Interno Bruto (PIB) para 2021 a fin de reducir el nivel de endeudamiento y cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal.
“Dado que el diferencial de crecimiento de intereses permanece considerable, alrededor del 4 % del PIB, el equipo técnico continuará recomendando un ajuste fiscal prudente”, señaló el FMI tras concluir una visita de evaluación a El Salvador.