Vehículo eléctrico importado por DELSUR. / DEM
Roberto González, gerente general de la distribuidora de DELSUR, espera que la ley de movilidad eléctrica avance con el nuevo Gobierno, una normativa clave para motivar la circulación de vehículos eléctrico en el país.
En El Salvador, la barrera más grande para la movilidad eléctrica es el costo de importación de los vehículos con un valor del 30 % adicional solo por el pago de aranceles. Por ello, para la distribuidoras de electricidad y las empresas importadoras de carros es de importancia contar con una ley que motive la electromovilidad, indicó Roberto.
La distribuidora incorporó su primer carro eléctrico en 2018 por un costo de $50,000 y, según el ejecutivo, unos $27,000 corresponden solo a aranceles, trámites, permisos o costos de importación. “Es una barrera clarísima”, sumó.
Para este tema se estableció una mesa de discusión de la ley de movilidad eléctrica, con la participación de diputados de la Asamblea Legislativa, funcionarios del nuevo Gobierno, gremiales empresariales y expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Los diputados, que están participando en esta revisión, tienen claro que ha sido una falla de tiempo que no se le dio atención, pero ahora es el momento”, indicó González al tiempo que aseguró que “hay voluntad” de los nuevos funcionarios del Gobierno de retomar el tema a “nivel ejecutivo”.
Con esa ley se busca eliminar la barrera de aranceles y garantizar que existan talleres certificados para la revisión de estos vehículos. Además se plantea un manejo de residuos de vehículos, para evitar que El Salvador reciba las unidades que otros países prohiban o no cumplan con la ley.