El fin de este tributo traerá mayor bancarización, aseguran los economistas. / DEM
Ya no contar con el Impuesto a las Operaciones Financieras (IOF) aumentaría el nivel de bancarización en El Salvador y reduciría a su vez el riesgo de lavado de dinero y activos, aseguraron ayer economistas.
La semana pasada, la Sala de lo Constitucional declaró ilegal la Ley del Impuesto a las Operaciones Financieras aprobada durante un madrugón en 2014. Esta legislación contempla un cobro del 0.25 % a los movimientos de cheques o transferencias electrónicas que superen los $1,000.
La Sala basó su resolución en que al momento de aprobar la mencionada ley “no existió la posibilidad real de deliberación y discusión parlamentaria”. Además, ordenó que se aplicarán los efectos de su decisión hasta el 31 de diciembre de 2018, esto para no afectar los ingresos que obtiene el Ministerio de Hacienda a través de este tributo.
Al respecto, Luis Membreño, de la firma Luis Membreño Consulting, consideró que con la eliminación de este impuesto se tendrá “un impacto muy positivo en la sociedad” y generará incentivos para que más personas recurran a las instituciones bancarias a realizar sus pagos o movimientos.
El economista aseguró que “este impuesto es muy negativo en el sentido que obliga a la gente a trabajar en efectivo y eso es contrario a todo lo que se busca de controlar el lavado de dinero y que todas las operaciones queden registradas en el sistema financiero”.
Incluso, recordó que dentro del cóctel de medidas fiscales que ha propuesto el Fondo Monetario Internacional (FMI) a El Salvador, está la eliminación de las contribuciones con bajo rendimiento de recaudación, como la carga a las operaciones financieras, por considerarse como un tributo distorsionador.
El FMI ha pedido a El Salvador eliminar los tributos que distorsionan el mercado en sus dos últimos informes sobre la Revisión del Artículo IV, que establece con sus países socios, correspondientes a 2016 y 2018.
Con tiempo para aplicar cambios
De igual forma, Carlos Pérez, asesor de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), calificó de oportuna la decisión de la Sala de hacer efectiva la resolución hasta finales de 2018, ya que ese período da tiempo para que el Ministerio de Hacienda elabore el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación de 2019 sin considerar el ingreso de este tributo, que cada año ronda entre los $80 y $85 millones.
“Aunque no es uno de los principales rubros del sistema tributario, pero $80 millones es importante, por lo tanto Hacienda tiene que buscar otras fuentes de financiamiento para cubrir esa ausencia”, agregó.
Pérez indicó que por la forma en que se ha aplicado el impuesto se “distorsiona la actividad” por volverse una carga adicional a los agentes económicos, además de incentivar el uso de efectivo sobre el sistema bancario.
La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) catalogó este impuesto de “inconveniente” y que no contribuye a reactivar la economía por sus repercusiones en el incremento de los costos de financiamiento para el sector productivo, lo cual deriva en una contracción en la inversión privada, nacional e internacional.
“Consideramos que el impuesto a las operaciones financieras no contribuyen al objetivo de reactivar la economía, generar mayor empleo y bienestar a la aprobación”, aseguró Abansa.
Hacienda recaudó $37.5 millones a mayo en IOP
El Ministerio de Hacienda recaudó hasta el 31 de mayo pasado cerca de $37.4 millones en concepto del Impuesto a las Operaciones Financieras (IOP), equivalente a $1.4 millones adicionales a los $36.1 millones reportados en igual período en 2017.
A mayo pasado, $23.4 millones fueron por impuestos a cheques y a las transferencias electrónicas, y $14.2 millones por la retención para el control de liquidez.
Según el ramo, en enero ingresaron a Hacienda $8.3 millones en IOP, luego en febrero se redujo a $7.5 millones. En marzo, se recaudaron $7.2 millones, mientras que en abril y mayo fueron $7.1 millones y $7.5 millones. Al cierre de 2017, este impuesto representó $84.9 millones, con un crecimiento de 0.5 % respecto a los $84.4 millones que se reportaron en diciembre de 2016.
