Una delegación de funcionarios del Gobierno salvadoreño, encabezada por el ministro Alejandro Zelaya, inició esta semana reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar un programa de financiamiento.
"El diálogo girará en torno a políticas que respaldarían un posible programa del FMI", le confirmó Alina Carare, jefa de misión del FMI en El Salvador, a la agencia de noticias Reuters.
Las reuniones comenzaron el lunes por la tarde y continuarán de manera virtual una vez que los funcionarios regresen a El Salvador.
Este es un nuevo intento del Gobierno salvadoreño por alcanzar un programa de financiamiento con el Fondo por hasta $1,300 millones, que le permitiría ordenar las finanzas públicas y tranquilizar al mercado de su capacidad de pago.
El Salvador le ha solicitado al FMI un acuerdo de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés), cuyas negociaciones comenzaron en 2020 pero se confirmaron hasta marzo de 2021 tras las elecciones legislativas y municipales.
Las negociaciones se encontraban avanzadas y se esperaba que el acuerdo estuviera listo a mediados de 2021, pero las pláticas se retrasaron cuando la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.
Los acontecimientos ocurridos requerirán cierta recalibración de las políticas necesarias para garantizar un crecimiento inclusivo, sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera”.
Alina Carare
Jefa de misión del FMI en El Salvador
Esta no es la primera vez que el FMI habla de una recalibración de las políticas, ya la semana pasada su portavoz, Gerry Rice, señaló que se requiere modificar las políticas si El Salvador quiere un programa de asistencia financiera.
Rice había adelantado que una misión del Fondo completaría la revisión al Artículo IV en diciembre próximo y, luego, se procedería a la evaluación para un programa de financiamiento.
“El proceso de consulta del Artículo IV de 2021 se completará después de las discusiones en el Directorio Ejecutivo, que se llevarán a cabo un par de meses después del final de la misión”, cita Reuters a Carare.
Los retrasos en el acuerdo le pasan factura a El Salvador, pues el mercado ha reaccionado bajando el precio de los bonos (deuda en manos de inversionistas) y ha elevado el riesgo país ante el temor que el Gobierno no pueda cumplir sus compromisos de deuda.
El proceso también se ha visto deteriorado por la aprobación de la Ley Bitcoin, en junio pasado, pues la incorporación de la criptomoneda a la economía salvadoreña no se encontraba dentro de los escenarios contemplados en las negociaciones con el FMI. A pesar del retraso, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, esperaba que dicho acuerdo estuviera listo en septiembre pasado.
La firma de un acuerdo con el FMI implica que el Gobierno salvadoreño se compromete con el Fondo a realizar un ajuste fiscal, que inicialmente se propuso en cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB) para corregir desequilibrios por un período prolongado en materia fiscal, económica e institucional.
El programa SAF fue creado por el FMI para ayudar a los países que experimentan graves problemas en su balanza de pagos por deficiencias estructurales y un lento crecimiento. Es más flexible que otros mecanismos de apoyo como el Servicio de Crédito Stand-By. |
El último ajuste de este tipo ocurrió en la década de 1990, cuando se vendieron las empresas públicas.