“Nos estamos endeudando para funcionamiento”, afirmó ayer Carolina Alas de Franco, economista del Departamento de Estudios Económicos de Fusades (DEC). “No podemos seguir así. No abona a la capacidad de producción del país”, sumó.
El Gobierno necesitó $361.6 millones en deuda cada año entre 2009 y 2017, monto financiado a través de emisión de bonos, Letras del Tesoro Público (Letes) o préstamos. De 2018 a septiembre de 2019, explicó la economista, el Ejecutivo requirió $423.7 millones, en promedio, de deuda para sus gastos operativos.
Esto significa un incremento en solo dos años de $62.1 millones, frente a lo necesitado en la última década.
La deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) más los compromisos del Banco Central de Reserva (BCR) pasó de $8,769 millones en 2009 a representar $18,459.9 millones a junio pasado, distribuidos entre compromisos previsionales, emisiones de Eurobonos y préstamos.
Fusades destacó que entre 2009 y septiembre de 2019 la emisión de títulos y contratación de préstamos de refuerzo presupuestarios mostraron una tendencia creciente. En la última década, se colocaron $1,704.75 millones para honrar compromisos de deuda, que en principio se adquirieron para gasto de funcionamiento.
En el mismo período, continuó, se emitieron bonos por $3,551 millones para pagar Letes, instrumentos de deuda pública que se conocen como la “tarjeta de crédito” del Gobierno porque tienen vencimientos de corto plazo, que no superan los 360 días, y que también se utilizan para sufragar gasto corriente.
En 2018 se requirió un préstamo de refuerzo presupuestario con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $350 millones y para 2019 se aprobó otro por $200 millones, además de la emisión de $800 millones para pagar un vencimiento en diciembre próximo.
Propuesta
Un cambio en la administración al frente del Ejecutivo no significa que “cambie el problema de bajos recursos”, enfatizó Franco, para quien el Gobierno debe emprender su política de ordenamiento del aparato público desde el inicio de su mandando, cuando “tiene capital político”.
Parte de ese ordenamiento es una propuesta de Fusades de no superar el 2.7 % del déficit en 2020, a fin de estabilizar la deuda pública.
El déficit fiscal aparece cuando los gastos de un gobierno son mayores que sus ingresos y se estima que llegue a un 3.2 % en 2019, con una brecha de $862.50 millones. De cumplirse está proyección, indicó Fusades, representaría un crecimiento de $168.04 millones respecto a lo $694.46 millones de 2018.
