El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, estimó ayer que el Gobierno necesitará entre $10 y $12 millones en lo que resta del año para superar el atraso en el pago del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), que ya obligó a algunas tiendas a suspender la venta del producto a precios subsidiados.

Durante la entrevista Frente a Frente, de la Telecorporación salvadoreña (TCS), el funcionario explicó que en los últimos tres meses, los precios del gas propano aumentaron. El Gobierno decidió absorber esa variación, incrementando el aporte por cilindro que entrega a las familias beneficiadas.

De esta manera, el costo del subsidio pasó de $500,000 a $800,000 a la semana y esa diferencia de $300,000 es lo que Hacienda no ha podido transferir al Ministerio de Economía (Minec), cartera encargada de hacer los pagos.

“Para eso no estábamos preparados (...). El problema son los complementos y naturalmente son los que no hemos podido cubrir”, indicó Cáceres. “El complemento deben ser unos $10 a $12 millones, que es lo que hace falta”, añadió.

Diario El Mundo intentó confirmar con el Minec cuánto se adeuda del subsidio, pero se limitó a respaldar las declaraciones de Hacienda.

 

Buscan soluciones

El subsidio al GLP se entrega directamente a los beneficiados a través de la Tarjeta Solidaria. Los consumidores presentan su tarjeta en el comercio, y el establecimiento aplica un descuento al cilindro de gas, que luego el Gobierno paga a través de instituciones del sistema financiero.

El jueves pasado, varios bancos, cooperativas y puntos de control de empresas de gas dejaron de compensar a pequeñas tiendas el monto que dejan de cobrar a los consumidores beneficiados, informaron comerciantes consultados por Diario El Mundo.

Además, empresas distribuidoras de gas como Tomza confirmaron que el Gobierno ha dejado de pagarles el subsidio desde hace un mes.

“Es muy considerable el aumento al subsidio, pero el Gobierno ya tomó la decisión de pagarlo, entonces estamos buscando cómo”, dijo ayer Cáceres.

El funcionario indicó que si la Asamblea Legislativa aprueba una emisión de $260 millones para solventar varias obligaciones, la caja del Estado se despejaría y se podría atender el atraso en el subsidio al GLP.