La Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social (LRF) estable que al asumir un nuevo Gobierno se debe presentar, 90 días después de la toma de posesión, las bases de política fiscal que aplicará durante su administración. En cumplimiento a esta dirección, el Ministerio de Hacienda publicó el pasado 4 de septiembre los lineamientos fiscales que impulsará el Ejecutivo de 2019 a 2024.
El déficit fiscal aparece cuando los gastos de un gobierno son mayores que sus ingresos y se estima llegue a un 3.1 % al cierre de 2019. La apuesta más ambiciosa del Ejecutivo es bajar esa brecha en el Sistema Público no Financiero (SPNF) a un 1.4 % en 2024, equivalente a una reducción de 1.7 %.
Esta proyección apalancada de un aumento en la inversión privada a través de la reducción del crimen y la lucha contra la corrupción, así como un crecimiento en la seguridad jurídica, indica el informe.
Hacienda elaboró las proyecciones fiscales sobre la base de dos escenarios indicativos. En el primero estimó un crecimiento económico del 2.5 % en 2020 a 2.7 % en 2024, en el cual el déficit fiscal con pensiones llegaría a 1.6 % dentro de cinco años.
En el segundo escenario se espera un dinamismo económico más activo del 2.7 % a un 3.5 % de 2020 a 2024, con una proyección de reducir el déficit fiscal a 1.4 % del PIB.
En este escenario de mayor crecimiento, “las acciones de política fiscal que emprenderá la nueva administración buscarán aumentar los ingresos permanentes y mejorar la calidad del gasto público, sin afectar la progresividad del sistema tributario ni descuidar el gasto social”, señala el informe.
Asimismo, el Gobierno se plantea estabilizar la deuda pública sin pensiones a partir del 2021 en 50 % del Producto Bruto. Al incluir los compromisos previsionales, indica el informe, se espera que pase de representar un 70.8 % en 2019 a un 70.2 % en 2024 en el primer escenario, o un 67.6 % en la perspectiva activa.
Tanto economistas salvadoreños como organismos internacionales han recomendado a El Salvador emprender medidas para reducir el peso de los compromisos financieros del sector público. En repetidas ocasiones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido al Gobierno implementar un ajuste fiscal del 1.9 % del PIB entre 2019 y 2020, en un esfuerzo combinado con aumento de ingresos y reducción de gastos.
Hasta el momento, el nuevo Gobierno no ha manifestado si seguirá las recomendaciones del FMI pero se compromete a buscar una mayor eficiencia en la gestión del gasto público bajo los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
