Este 30 de abril venció el plazo para que la Asamblea Legislativa aprobara la reforma al artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos, vital para que continúe el diseño de un APP que garantizará iluminación y videovigilancia en 140 kilómetros de carreteras del Área Metropolitana de San Salvador. La anterior legislatura, no obstante, concluyó sus labores sin siquiera haber discutido el tema en el pleno, pese a que la solicitud de reforma llegó al Congreso en octubre de 2017.
La empresa que se adjudicara este proyecto se encargaría de iluminar carreteras y colocar videovigilancia, a cambio de ofrecer servicios de publicidad en estas vías. Sin embargo, para poder colocar publicidad debe reformarse el artículo 26 de la mencionada ley, que prohíbe éste y otro tipo de intervenciones en los derechos de vía.
Durante una entrevista en el estatal canal 10, Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, aseguró ayer que “el obstáculo principal” para esta reforma es “que los alcaldes de diferentes municipios serían afectados -voy a utilizar ese término- en el sentido de que ellos cobran a las empresas de publicidad por el uso de determinados espacios”.
El funcionario señaló que los alcaldes “le piden a sus diputados que no aprueben la ley y no se ha tenido la correlación” e insistió en que los gobiernos municipales “han entendido que a partir de concesionar a una empresa todo eso, ya no podrían dar el arrendamiento”.
Diario El Mundo intentó conocer la postura de Milagro Navas, presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures), pero al cierre de esta nota no había respondido a nuestras llamadas.
APP en aeropuerto también está en juego
Ayer, la Junta Directiva de Fomilenio II entregó una nota a la nueva Asamblea solicitando la pronta aprobación de la reforma, pues todo el componente de APP está en riesgo. Es decir, también se perderían los fondos para diseñar el asocio con el que se espera ampliar la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
En la misiva se explica que el 7 de mayo, la directora de MCC en El Salvador, Martha Keays, se reunió con la junta de Fomilenio II y les advirtió que “más allá de este proyecto (el de iluminación y videovigilancia), esta inacción pone en riesgo toda la actividad de APP, que suma $11 millones, dado que sería la tercera vez que la inversión de MCC en APP se ve interrumpida por falta de interés y compromiso”.
Keays, añadió la carta, afirmó en dicha reunión que “ahora nos encontramos en un momento crítico para la implementación del Convenio”, en referencia a los $277 millones donados a El Salvador y administrados por Fomilenio II. Esa donación se suma a una contrapartida estatal de $88.2 millones, fondos que se invierten en varios proyectos.
Se perdería la oportunidad para otros app
Los dos APP que apoyaría Fomilenio II son solo una parte de los proyectos que el Gobierno pretende financiar con esta figura. La carta enumera otros cinco proyectos que representan una inversión superior a los $1,550 millones y la generación de 30,000 empleos permanentes.
Entre ellos está un sistema de saneamiento de aguas residuales para el Gran San Salvador, un sistema de transporte moderno, un anillo periférico para San Salvador, la construcción de nuevos puestos fronterizos para La Hachadura, El Poy, Anguiatú y El Amarillo, un nuevo centro de Gobierno, así como la renovación y edificación de centros escolares, y construcción y equipamiento de hospitales.