Ayer, Fusades urgió a la Asamblea Legislativa a aprobar la reforma al artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales solicitada por Fomilenio II.
Los diputados tenían hasta abril pasado para aprobar la propuesta, pero la legislatura 2015-2018 concluyó sus labores sin siquiera haber discutido el tema en el pleno. Esta omisión ha puesto en peligro $11.5 millones de Fomilenio II para el diseño de dos asocios público-privados (APP). Uno de ellos consiste en instalar videovigilancia e iluminación en 140 kilómetros de carreteras.
El artículo 26 prohíbe la publicidad en derechos de vía y el APP precisamente permitiría que la empresa ganadora del proyecto venda espacios publicitarios en los tramos a intervenir, a cambio de colocar vigilancia y luminarias. Por ello, Fomilenio II pidió en la reforma que se excluyan a los proyectos destinados a explotar los derechos de vía.
Alcaldes se oponen
Los alcaldes por donde pasaría el proyecto se oponen a la reforma por considerar que afectaría los ingresos por el arrendamiento de espacios para publicidad.
Javier Castro, director de Asuntos Legales de Fusades, resaltó que tras evaluar la propuesta concluyeron que la “reforma es claramente constitucional” y tampoco “violenta bajo ningún concepto la autonomía municipal porque al Estado central le corresponde regular el uso de los derechos sobre bienes nacionales, como son las carreteras”.
También ayer, Eliud Ayala, ministro de Obras Públicas (MOP), aseguró que los 140 kilómetros del proyecto pertenecen a la red nacional, por lo que son competencia del Gobierno Central, así como su mantenimiento y regulación.
Ayala explicó que en los alrededores de una carretera existen dos franjas. La primera corresponde a los derechos de vía, cuya extensión varía del tipo de la calle. Éstos son terrenos estatales y no se permite ningún tipo de infraestructura. La otra franja es la zona de retiro, es privada y donde sí se puede colocar publicidad con permisos del MOP.
“Las alcaldías no tienen por qué preocuparse, porque lo que nosotros estaríamos haciendo es regularizar los ingresos que perciben, que muy probablemente de manera irregular, anómala o ilegal”, indicó.
Lamentan atraso
José Ángel Quirós, director ejecutivo de Fusades, lamentó que este tipo procesos se demoren en el país, aunque se cuente con una ley de APP desde 2013, pues las grandes economías del mundo recurren a esta modalidad para desarrollar proyectos de infraestructura.
Quirós consideró que “la infraestructura no tiene color político” e indicó que “me da pena decirlo, pero siento que nuestros diputados tienen que cambiar el chip mental para asumir una responsabilidad más nacional que local”.