Esta semana, la gremial publicó su reporte “¿Qué debe incluir la política pública del próximo presidente para integrar completamente a El Salvador a la economía digital?”, un análisis regulatorio con recomendaciones hechas al próximo Gobierno de El Salvador “para promover la inclusión digital y el crecimiento económico”, explicó Lucas Gallitto, director regional interino para América Latina de GSMA.
El informe destaca que la cobertura de la banda ancha llega al 95 % del territorio salvadoreño, mientras que las inversiones de los operadores móviles lograron duplicar la cantidad de personas conectadas en los últimos cinco años. Sin embargo, “más de la mitad de los salvadoreños aún no se beneficia de la banda ancha móvil, principalmente por la incertidumbre de las políticas públicas”, asegura la gremial.
Durante este tiempo, la penetración de suscriptores únicos de Internet móvil en El Salvador avanzó del 24 % al 43 % de la población; pasando de 1.4 millones de personas conectadas a la banda ancha en 2013, a 2.7 millones a 2018, “pero aún hay muchos retos por delante para integrar a los 6.3 millones de ciudadanos a la economía digital”, apunta el reporte.
Entre las políticas propuestas para facilitar el acceso a la banda ancha, está la eliminación de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), que permitiría servicios de Internet móvil a precios más económicos para los salvadoreños, e impulsar la inversión privada.
En 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también propuso la eliminación de impuestos que considera “distorsionadores del mercado” o de baja recaudación (como el impuesto sobre las telecomunicaciones y el ya eliminado impuesto a las transacciones financieras), a partir de la revisión anual del Artículo IV, una evaluación del desempeño económico de sus países miembros.
Durante 2018, según datos del Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda, el CESC dejó al Estado salvadoreño $48.4 millones, que representan sólo el 0.96 % de los ingresos corrientes y contribuciones, que ascendieron a $5,023 millones.
Para GSMA, es necesario que el próximo Gobierno elimine estos impuestos específicos y promueva un sistema tributario transparente y predecible, “que genere menos costos y cree mayor certidumbre para sostener las cuantiosas inversiones realizadas”.
Para impulsar estos aportes, además, el informe destaca la importancia de optimizar el espectro radioeléctrico: El Salvador es uno de los países con menos espectro (184 MHz), asignado en América Latina, muy lejos del promedio regional (345 MHz).
Piden permitir consolidación de operadores
GSMA aseguró que otra de las barreras para la cobertura de Internet móvil en El Salvador es la prohibición de fusiones entre operadores.
“La consolidación implica beneficios para el consumidor contrariamente a lo que se pudiera pensar, porque los operadores tienen un mayor músculo y capacidad inversora para ofrecer mejores servicios basados en nueva tecnología”, aseguró Lucas Gallitto, director regional interino para América Latina de GSMA.
En dos ocasiones, la Superintendencia de Competencia (SC) ha negado a Claro y Digicel la posibilidad de unirse por, según el estudio, “no tener en cuenta la eficiencia” en su fusión. Para Gallitto, “está comprobado que aquellos países que tienen menor cantidad de operadores logran mayor inversión y más altos estándares de calidad en sus servicios”, explicó.
