El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó ayer que formular los presupuestos en un entorno como el que genera la pandemia es complicado y representa un reto para los ministerios de Finanzas y Hacienda de todo el mundo, y anticipó que El Salvador necesitará volver a incluir deuda.
“¿Que va a existir deuda en el próximo presupuesto? Claro que sí, claro que sí... por eso justamente estamos lanzando el plan antievasión por que necesitamos obtener fuentes de ingresos propios, no podemos seguir con ese comportamiento de deuda”, dijo.
De acuerdo con los datos oficiales, la deuda pública total de El Salvador creció 10 % en el primer semestre de 2020 al cerrar en $21,258.37 millones, una cifra récord de las últimas tres décadas debido a la pandemia del covid-19.
Zelaya explicó que esta semana comenzarán a informar a las entidades estatales sobre los techos presupuestarios para el próximo año, mientras que se espera que el proyecto de gastos del Estado se presente a finales de septiembre ante la Asamblea Legislativa.
Agregó que la cartera impulsa políticas para mejorar la recaudación, pero destacó que estas no tendrán efectos rápidos. “No esperemos tampoco que de un año a otro tengamos resultados, porque estas son políticas que dan resultado con el tiempo, por ejemplo la implementación de factura electrónica hay países como Chile, México y Brasil que han llevado más de cinco años, más de 10 años, algunos hasta 15 años para que estos sistemas tributarios funcionen de la manera correcta o que tengan los efectos que uno busca”, ejemplificó.
El funcionario indicó que “evidentemente habrá un nivel de brecha que habrá que salir a financiar” y que lo que el ministerio que dirige está haciendo es trabajar con cautela a la hora de formular el presupuesto. Destacó que en abril de este año se aprobó la política presupuestaria.
El año pasado la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto por $6,426.1 millones, además de la autorización para emitir títulos por $645.8 millones para cubrir la brecha de financiamiento, la cual se ha ensanchado por la crisis que ha frenado la actividad económica desde marzo con un paquete de deuda adicional de $3,000 millones.
La calificadora de riesgo Fitch Ratings afirmó en enero que la aprobación del Presupuesto significó que la administración del presidente Nayib Bukele pasó una “prueba política”.
El panorama para 2021 es más complicado por la cada vez más tirante relación entre el Ejecutivo y la actual configuración del Legislativo.