La cartera de Estado estima que el gasto en intereses representará el 3.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) y será $159 millones superior a los $800 millones que se pagaron durante 2017.
El monto previsto para este año es el más alto desde 2008. Entre ese año y 2017, los intereses no superaron los $800 millones. En 2008 se desembolsaron $520 millones, equivalentes al 2.9 % del PIB. Si se compara con la proyección para 2018, resulta que este año se pagarán $439 millones más que hace una década, es decir, un crecimiento del 45.8 %.
Las estadísticas de Hacienda indican que en 2009 El Salvador pagó en intereses $531 millones, pero en 2010 logró reducirlos a $508 millones. Un año después, en 2011, se recobra la tendencia al alza y subieron a $518 millones.
Los incrementos no cesaron: en 2012, el gasto en intereses llegó a los $536 millones y para 2013 el Gobierno destinó $594 millones. En 2014 alcanzaron los $610 millones, mientras en 2015 y 2016 estos compromisos costaron $640 millones y $705 millones, respectivamente.
De los $959 millones que se pagarían este año, el Gobierno salvadoreño ya honró $482.3 millones hasta el primer semestre de 2018, indican los datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Respecto al primer semestre del año pasado, el gasto en intereses aumentó en $80 millones y éste fue el segundo factor que más influyó en el incremento del déficit fiscal, que de $42.44 millones pasó a $121.24 millones en ese mismo periodo.
Solo las transferencias corrientes reportaron un crecimiento más robusto que los intereses, al crecer $93.4 millones. En este rubro del gasto se incluyen los subsidios a bienes y servicios como la energía eléctrica, el transporte público o el gas propano. También contempla recursos para los hospitales y el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (Fodes), entre otros.
Deuda más cara
El aumento en el pago de intereses depende del volumen de deuda pública que tenga contratada el país, pero también de su perfil crediticio. Si El Salvador se percibe como un Estado con capacidad para pagar a tiempo sus compromisos, los acreedores pedirán una tasa de interés más baja.
La apretada situación fiscal del país le ha pasado factura al perfil crediticio y la situación alcanzó su punto más álgido en abril de 2017, con el impago de la deuda de pensiones.
En febrero de ese año, cuando la posibilidad del impago empezaba a configurarse como una realidad, el Gobierno emitió $600 millones en Eurobonos y se colocaron a 8.625 %, una tasa no vista en los últimos 15 años, desde 2002.
En 2008, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF, conformado por el Gobierno y las empresas públicas no financieras) cerró en $8,652.81, incluyendo pensiones, indican datos del BCR. Para 2017, el saldo había crecido a $17,616.94 millones, es decir, se duplicó.