Iris Hernández sobrevivió al “valle de la muerte” en su pequeño negocio hace 14 años

Iris Hernández de Rivera sobrevivió desde hace una década al “valle de la muerte” de su pequeño negocio de confección de uniformes. Aunque se esforzó por administrar y liderar un equipo de 12 de personas, aseguró, mantener a flote la empresa siempre depende del pronto pago de sus compradores.

El “valle de la muerte” son los primeros tres años de operaciones de un pequeño negocios y “es indispensable que se nos paguen lo más rápido posible para no generar muchos intereses”, aseguró la empresaria que provee uniformes a instituciones públicas y privadas. “Hay inversiones que son muy grandes y uno no las puede hacer por la falta de dinero, también depende de la inversión porque hay instituciones que no dan anticipos”, comentó.

Junto a Hernández hay otros 3,600 micro y pequeños empresarios que utilizan la plataforma del Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador (Comprasal) para participar en las adquisiciones, que, por ley, las instituciones del Gobierno deben destinar en un 25 % a este sector.

Uno de los principales inconvenientes a los que se enfrentan estos empresarios es al retraso en la cancelación oportuna y, por esto, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) junto a la Corte de Cuentas de la República, lanzarán en octubre próximo la campaña el Pronto Pago.

La campaña se impulsará el próximo mes y finalizará en enero de 2020, indicó Paul Steiner, presidente de la autónoma, la institución encargada de dar monitoreo a las adquisiciones de las instituciones del Gobierno a las mypes.

Conamype indicó que las instituciones del Gobierno compraron a las micro y pequeñas empresas productos y servicios por $43 millones en los primeros seis meses de 2019 y esto representó el 32.2 % del total de adquisiciones.

Esta campaña se lanza bajo la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que obligaba a todo el sector público a cumplir con 25 % de compras a las mypes y que, además, está obligado a pagar en un plazo de 30 días después de efectuada la compra, según establece la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa

Pese a esas disposiciones, indicó el presidente de Conamype, solo un 49.9 % de las entidades públicas y un 28% de las municipalidades acatan la ley. El motivo de estos retrasos se atribuye a “un problema de burocracia”.

Existe un tercio de instituciones públicas que, según Steiner, “están comprando mucho” más que el 25 %. “Tenemos algunas alcaldías que adquieren hasta 100%”.

El sector mype representa el 38 % del Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño y es responsable de ofrecer empleos a 854,732.

“La expectativa de vida de una mype es de un año, por falta de dinero, por falta de flujo, y eso puede cambiar” con la campaña, aseguró Steiner.