La Asamblea Legislativa reformó en 2006 la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) para que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) compraran CIP con dinero de sus cotizantes.
Estos son instrumentos de baja rentabilidad y son utilizados por el Gobierno para obtener dinero y pagar las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).
Las AFP están obligadas a adquirir dichos certificados con hasta el 45 % de los ahorros de los trabajadores que cotizan.
En septiembre de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley de pensiones que incluía una reestructuración de la deuda acumulada de los CIP y un incremento en la tasa de interés de manera gradual, empezando por un 2.5 % en ese año hasta llegar al 4 % en 2021. En 2022 la tasa se fijaría en 2.5 %, mientras que las nuevas emisiones tendrán 6 %.
Fusades indicó que, aunque hay “cierta mejora en la rentabilidad”, las tasa de interés continúa por abajo de los niveles de mercado.
Estimaciones realizadas por el Departamento de Estudios Económicos (DEC), del tanque de pensamiento, indican que los fondos previsionales dejaron de recibir hasta junio pasado $3,732.78 millones como consecuencia de recurrir a estos instrumentos.
“El ahorro previsional tiene un costo de oportunidad alto, por invertir una cuantía relevante en títulos que devengan una tasa inferior a la de mercado, impactando la acumulación de ahorro previsional ”, indicó .
Piden debate
Fusades indicó en su posición institucional que en las últimos meses la Asamblea Legislativa ha recibido ocho iniciativas para reformar el esquema de pensiones. De cara a una nueva discusión sobre este tema, añadió, es “necesario que el debate sea sano, respetuoso, inclusivo e informado” donde los “actores conozcan y manejen la información de manera correcta y fundamentada”.
Para el tanque de pensamiento, la reforma de 2017 representó “avances importantes” en la estabilidad de las finanzas públicas; sin embargo, a dos años de su implementación, aún persisten los desafíos en la baja cobertura del sistema de pensiones, una alta tasa del mercado informal y la baja rentabilidad de los ahorros privisionales.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2018 indica que 35 de cada 100 salvadoreños están afilados o tienen cobertura de algún tipo sistema de seguridad social pública o privada.
Este porcentaje es más alto en la zona urbana, donde un 44 % de la población tiene acceso a estos servicios mientras que en el área rural es apenas un 18.6 %, según los datos oficiales.