La calificación de riesgo soberana es un parámetro para los inversionistas sobre la estabilidad de un país para cuando sale al mercado a solicitar financiamiento. En la escala de Moody’s, que un soberano tenga una nota en el grupo de Caa significa que las obligaciones de deuda se consideran especulativas y están sujetas a un riesgo crediticio muy alto.
Las emisiones en esta categoría solo son atractivas para inversionistas de capital de alto riesgo, conocidos como “fondos buitres”, que compran deuda con elevadas tasas de interés de empresas o economías que se enfrente a un cierre de mercado, quiebras y con compromisos de pago. También se relacionan con los “bonos basura”.
Moody’s inició en noviembre de 2020 una revisión a la baja de la calificación para El Salvador. En febrero pasado, aplicó una reducción a la perspectiva de positiva a negativa advirtiendo sobre riesgos que podrían agravar las condiciones de las finanzas públicas.
De esa manera, explicó la agencia, la baja de la calificación responde a un deterioro en la calidad de la formulación de políticas que han intensificado los riesgos de ejecutar planes de ajuste fiscal y aumenta la incertidumbre sobre el financiamiento a futuro.
La perspectiva negativa indica que la posición fiscal de El Salvador es vulnerable y susceptible a choques que ponen en riesgo su capacidad de honrar los compromisos ante los inversionistas.
Los riesgos.
En un comunicado publicado ayer, la calificadora advirtió de riesgos en la capacidad de pago del Gobierno salvadoreño para los próximos vencimientos de deuda a partir de enero de 2023 ante el alto costo del financiamiento mientras que necesita acceder a los mercados para renovar deuda.
Matizó que el Gobierno ha podido solventar sus necesidades de liquidez con colocaciones de deuda local, ya que aún no se concreta el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aliviar las limitaciones al mercado y afianzar la confianza de los inversionistas para garantizar $800 millones en bonos que se vencen en enero de 2023.
La agencia calificadora advirtió que, incluso con un programa de hasta $1,300 millones con el FMI, el país no lograría cubrir su brecha de financiamiento debido a que el alto costo de interés en el servicio de la deuda seguirá afectando el desempeño fiscal.
Economía avanza y hay incertidumbre.
Si bien la calificadora destacó que la carga tributaria crece y los ingresos por remesas apalancan la recuperación de la economía salvadoreña, advirtió que se han tomado decisiones en política que socavan la gobernanza y la fortaleza institucional, como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República, así como la Ley Bitcoin.
Esto ha ocasionado que se retrasen las negociaciones con el FMI y agrega más desafíos a la sostenibilidad de la deuda y el acceso a los mercados.
“En opinión de Moody’s, estas medidas reflejan el debilitamiento de la gobernabilidad en El Salvador, aumentando las tensiones con los socios internacionales, incluido Estados Unidos, y poniendo en peligro el avance hacia un acuerdo con el FMI”, dijo.
- Riesgo soberano
Medido por el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), se ha elevado en los últimos dos meses hasta llegar a 805 puntos al 28 de julio, es decir, que si el Gobierno decidiera hacer una emisión tendría que ofrecer un interés por arriba del 8 %.
- Más riesgos
Incluso si el Gobierno alcanza un programa con el FMI y se desbloquea nuevo financiamiento multilateral, la agencia advierte que los riesgos de implementación y los errores de política podrían socavar la confianza del mercado, aumentando potencialmente los riesgos para los tenedores de bonos.
- Podría bajar
La agencia advierte que la calificación podría bajar más si El Salvador no puede obtener suficientes recursos con multilaterales para aliviar las presiones de liquidez. Además que persistan los altos costos de financiamiento a un nivel que comprometa la sostenibilidad de la deuda.
Gobierno espera alcanzar el acuerdo con el FMI antes de septiembre
El Gobierno de El Salvador espera concretar un programa fiscal con el FMI antes de septiembre próximo.
En un vídeo publicado ayer en la cuenta de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, reaccionó a un análisis del Bank of America (BoFA) que señalaba que el acuerdo se podría concretar a más tardar en septiembre.
“Nosotros esperaríamos que incluso se pudiera cerrar antes el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hemos sido muy transparentes con los mercados”, dijo Zelaya en el vídeo en el que omitió reaccionar sobre la degradación en la calificación crediticia por parte de Moody’s.