“El primer problema es que el país estaría irrespetando un acuerdo internacional que daría pie a perder una parte de los recursos de Fomilenio II (…). Esta es una pésima señal hacia todos los potenciales grandes inversores en todas las operaciones de APP”, manifestó el funcionario.
Fomilenio II es una institución creada por el Gobierno salvadoreño para administrar $365 millones, de los cuales $227 millones fueron donados por la MCC, adscrita al Congreso de Estados Unidos, más una contrapartida estatal de $88.2 millones
Cuando El Salvador firmó el convenio, en calidad tanto del Gobierno central como la Asamblea Legislativa, se comprometió a realizar las modificaciones necesarias para cumplir los planes de inversión, garantizando su seguridad jurídica.
Dentro de los ejes de trabajo de Fomilenio II, la institución apoya el financiamiento de estudios para determinar la rentabilidad de los APP que brinden servicios públicos y bienes a través de un contrato entre el Gobierno y un empresario privado.
En ese sentido, Ayala enfatizó que no aprobar la reforma “enviaría una señal inequívoca a los inversionistas” y enfatizó que más que MCC apresure las aprobaciones de normativas, el Estado salvadoreño deben cumplir los compromisos asumidos.