Este informe es elaborado desde 2009 por The Economist Intelligence Unit, con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este índice evalúa cada dos años el avance de los países que cuentan con una ley para los asocios públicos privados, y ese desempeño se mide en cinco categorías que a su vez agrupan 23 subindicadores.
El Salvador cuenta desde 2013 con la ley especial de proyectos APP para la provisión de infraestructura y servicios públicos. Seis años después de su aprobación en el pleno legislativo, el país lanzó al mercado en septiembre pasado el primer concurso para un APP, que pretende una ampliación y modernización en la terminal de carga del aeropuerto Romero.
El APP es una herramienta para atraer inversión privada, donde el privado se compromete a financiar y mantener un proyecto a cambio que el Gobierno le permita su explotación por un período determinado. Se diferencia de la privatización pues con el asocio público privado no se elimina la propiedad ni la soberanía, con riesgos distribuidos entre la entidad pública y la contratante.
El Infrascopio colocó a El Salvador en la sexta posición de 21 economías de América Latina y el Caribe analizadas este 2019, con una calificación de 73 puntos de 100 posibles. Esto significa un avance de dos peldaños si se compara con el último informe, de 2017, cuando el país se posicionó en el octavo escaño de la región con una nota de 64.
“Una buena posición dentro del ranking impacta positivamente a la confianza del programa APP de todos los actores involucrados, como financistas”, indicó el especialista del BID, Daniel Vieitez Martínez, durante su participación en un foro realizado la semana pasada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico Social (Fusades).
Los 23 indicadores analizados por el índice se agrupan en financiamiento, marco institucional, madurez operacional, clima de inversiones, y esquema legal y regulatorio. Es en esta última clasificación que El Salvador logró su mayor desempeño y se coloca como el tercero con mejor calificación de la región, con una puntuación de 88.
A El Salvador solo le supera Colombia con una calificación de 95 y Chile con 94 puntos. Esta categoría, según detalla el informe, mide el marco jurídico y regulatorio de las economías para la participación privada en proyectos de infraestructura. Considera también el entorno legislativo, criterios de selección, imparcialidad y transparencia en las licitaciones.
En la categoría de madurez operacional, El Salvador compite con Guatemala en la séptima posición y una calificación de 82 puntos. A nivel de marco institucional el país también se colocó en el escaño siete con una puntuación de 78, desempeño similar al obtenido por Costa Rica.
La economía salvadoreña obtuvo una calificación de 72 puntos en la categoría de clima de inversiones y negocios, en la posición 10 de 21 países analizados en el informe. Su peor desempeño lo obtuvo en financiamiento, donde se colocó en el peldaño 12 con una evaluación de 44 puntos.