El Gobierno ganó el arbitraje a la minera OceanaGold. / DEM
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica solicitó ayer al Gobierno de El Salvador prohibir definitivamente todo tipo de actividad relacionada a la industria minera y declarar inconstitucional la Ley de Minería que data de 1995.
Saúl Baños, representante de la organización, explicó que tras el fallo a favor del Gobierno salvadoreño por el Tribunal de Arbitraje, constituido por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, se ha creado un escenario político propicio para prohibir la minería metálica en el país.
Además, entregaron una propuesta de decreto ejecutivo para la suspensión de las concesiones mineras reguladas por la mencionada ley. De acuerdo a Baños, tras realizar un análisis técnico jurídico, concluyeron que la normativa podría tener vicios de inconstitucional, pues cuando se aprobó no contó con el consenso de todas las fracciones legislativas ni fue consultada con la población organizada.
Agregó que según establece la Ley de Minería, la encargada de entregar las concesiones a esta industria es la Dirección de Hidrocarburos y Minas, del Ministerio de Economía.
Esto discrepa, según Baños, con el artículo 120 de la Constitución de la República que prescribe que toda concesión que apruebe el Ejecutivo será sometida a conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación.