Las empresas salvadoreñas tienen cada vez más retos para prevenir el lavado de activos, enfrentándose a la falta de independencia en las investigaciones financieras y carencia de cultura de prevención en actores privados, aseguraron especialistas.
La empresa de servicios de asesoría para la prevención del lavado, AML Consulting, desarrolló ayer el foro “Fortaleciendo organizaciones de cara a los desafíos del riesgo de lavado de activos”, en el que compartieron tendencias y prácticas para detectar este delito al interior de las compañías.
El director ejecutivo de AML, Juan Héctor Castro, aseguró que las organizaciones deben adoptar una cultura de prevención y buenas prácticas, tanto al interior como con sus grupos de interés. “La lucha contra el lavado de dinero también está dentro de las empresas, y no solo las que pertenecen al sector financiero”, añadió.
En materia regulatoria, de acuerdo con Beatriz Cerna, directora de Business Alliance for Secure Commerce (BASC), El Salvador tiene retos pendientes, como la suspensión del Grupo Egmont, que reúne las Unidades de Investigación Financiera (UIF) de 159 países para intercambiar información sobre casos de corrupción, lavado y financiamiento del terrorismo.
En octubre pasado, el grupo decidió sacar al país “debido a un continuo incumplimiento de los principios relativos a la independencia operativa y autonomía de la UIF en El Salvador”, según el comunicado oficial de la entidad. Para Cerna, esto “nos pone en desventaja jurídica ante otros países”.