En su “Análisis de la Ley de Zonas Económicas Especiales región sur oriental de El Salvador”, el tanque de pensamiento argumenta que el proyecto, discutido actualmente en el seno de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, restringe la inversión nacional y extranjera.
La ley de ZEE, presentada por el Gobierno anterior, propone crear centros logísticos -parecidos a las actuales zonas francas- en 26 municipios de la franja costero-marina de la zona oriental. Los desarrolladores a cargo de la infraestructura y operadores que ejecutarán actividades productivas podrían gozar de exenciones fiscales permanentes, de aprobarse esta ley.
La propuesta, sin embargo, excluye de invertir en las ZEE a todos los accionistas, representantes legales, administradores únicos y cuerpo directivo de empresas “que hayan gozado de los beneficios conferidos por esta ley u otras leyes de incentivos a las inversiones” en los últimos cinco años antes de presentar sus solicitudes de aplicación.
Para Fusades, “aparte de inconveniente y posiblemente ser una limitación inconstitucional del derecho de libertad económica de estas personas”, esta limitación “hace parecer que el proyecto LZEE está hecho a la medida para un tipo de inversionistas”, por lo que “se recomienda eliminar la restricción para accionistas, representantes y directores”.
Además de dejar fuera a un gran número de inversionistas extranjeros, de acuerdo con Fusades, la ley excluye a los inversionistas salvadoreños. Según la LZEE presentada por el gobierno, solo aquellos con $20 millones de inversión inicial y que nunca hayan pagado impuestos en El Salvador, podrán gozar de sus beneficios
En su análisis, argumentan que deben reducirse los requisitos mínimos de inversión para que sean más atractivos que los de otras leyes, compensando las desventajas de la falta de actividad productiva en la zona. Los incentivos fiscales, sin embargo, deberían ser finitos.