En septiembre de 2008, luego de iniciar una investigación de oficio, la SC concluyó que Molsa y Harisa se repartieron el mercado de la harina de trigo, provocando precios “artificialmente altos”, indicó la Superintendencia en ese momento. Por este acuerdo anticompetitivo, que le daba a Molsa el 55 % de participación de mercado, y a Harisa el 45 %, se les impuso una multa de que suma $4,032,421.36.
En octubre de 2008, las harineras acudieron a la SCA para demandar a la SC y el proceso - que incluyó un amparo de la Sala de lo Constitucional - finalizó este 25 de mayo, cuando la Sala de lo Contencioso declaró legales las actuaciones de la SC, y con ello la sanción económica de $1,971,015.16 para Molsa, y de $2,061,406.20 a Harisa.
El superintendente de Competencia, Francisco Díaz, afirmó ayer que la multa a las harineras, uno de los casos más emblemáticos de la SC desde su creación, se impuso luego de comprobar graves infracciones a la Ley de Competencia. En términos económicos, a este tipo de acuerdos se les conoce como cártel, dijo Díaz a Diario El Mundo.
“Es la primera vez que una resolución de la SC demuestra la existencia de un acuerdo de competidores, en este caso dividiéndose el mercado nacional de harina de trigo. Es la primera vez que se rompe la impunidad en este tipo de ilícitos administrativos”, afirmó.
Resolución
Por su parte, Aldo Cáder, intendente de Investigaciones de la SC, explicó que con la resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá cobrar la multa, pues son fondos que ingresan a las arcas del Estado. “La Sala notifica, nos da la razón y pide levantar las medidas cautelares. Es decir, ya está liberada la multa. Nos notifica, a las empresas y a la Fiscalía, e inmediatamente se debe de dar el pago voluntario”, sostuvo.
De existir una negativa por las empresas, la FGR tendrá la potestad para iniciar un cobro judicial forzoso, que sería a través de un juicio civil ante los Juzgados Civiles y Mercantiles.
Las empresas, en sus demandas ante la SCA, alegaban 25 ilegalidades, las cuales se fueron depurando tras los mismos procesos judiciales. Finalmente, explicó, la demanda se basó en que la SC no tiene las instalaciones en San Salvador como ordena la normativa que la regula, no habían pruebas del caso, no tuvieron acceso a información confidencial y sobre la multa aplicada al 3 % de las ventas totales.
Amparo
En el caso de Molsa, el 19 de enero de 2012, la SCA declaró ilegal la resolución final de la SC por supuestamente carecer de fundamento la resolución judicial que autorizó el allanamiento y registro de la empresa.
Por esta decisión de la SCA, el Consejo Directivo de la SC inició el 7 de marzo de ese mismo año un proceso de amparo de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional; y el 28 de octubre de 2014 se resolvió a su favor, ordenándosele a la SCA revisar el caso de Molsa y emitir una nueva resolución.
8 Años
Pasaron para que la SCA declarara legal y procedente la resolución de la SC.
$4 Millones
Por haber violado la Ley de Competencia, las harineras deben pagar más de $4 millones.