La institución, creada en el marco de Fomilenio II, inició en el primer trimestre de este año el costeo de 253 procesos, como parte de su Proyecto de Simplificación y Registro de Trámites. A partir de este ejercicio y con el aval de los ministerios, se determinó cuáles son los trámites prioritarios y con ellos arrancó el proceso de simplificación, explicó Yesenia Salas, especialista en evaluación económica del OMR.
Para poder medir el costo económico y social de los trámites, el OMR adoptó la metodología compartida por su homóloga mexicana, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), y utiliza como variable clave el tiempo invertido por los ciudadanos promedios en reunir los requisitos para un trámite y el tiempo que le toma esperar la resolución de la dependencia del Ejecutivo.
Dicho estudio encontró 835 trámites dentro del aparato público, distribuidos en 2,240 modalidades que representan cada año un costo económico de $406.9 millones.
“Esto no es cobrado, no es que el Gobierno lo cobra a los usuarios. Es carga administrativa y podría manejarse como el valor de todo el tiempo que invierte la sociedad en estar haciendo trámites. Sería mejor plantearse cuánto podría producirse si se utiliza ese tiempo en una actividad productiva”, detalló Salas ayer a Diario El Mundo.
De ese total, $276.9 millones corresponden a 1,515 modalidades empresariales y $130 millones están relacionados a 725 procesos que realizan los ciudadanos, como tramitar el pasaporte o el Número de Identificación Tributaria (NIT).
Cumplir requisitos, lo más costoso
La especialista del OMR detalló que el 90 % del costo administrativo del Ejecutivo corresponde a la intervención del usuario, tanto ciudadano como empresa, es decir, cuánto le cuesta cumplir las normativas vigentes. Eso equivale a $309.3 millones.
Otro 9.3 % se atribuye a la intervención de las dependencias públicas en cuanto al costo de resolución que, según el OMR, equivale a $37.7 millones.
Por ser parte de los proyectos financiados por Fomilenio II, el OMR se fijó la meta de simplificar los trámites en 20% para diciembre de 2020, lo cual significa reducir el costo administrativo de estos procesos en $81.4 millones en los próximos dos años, señaló la entidad.
“Es importante aclarar que la reducción de eso requiere el compromiso de cada institución. Eso no es el OMR. El OMR no puede venir a decirle al ministerio que elimine trámites o requisitos, cada quien en el marco de sus competencias es responsable de los trámites”, puntualizó la especialista.
El segundo paso es crear un portal de trámites, en el cual el OMR se encuentra trabajando y donde se encontrará el desglose de los procesos por ministerio, costos, vigencia, tiempo de respuesta y direcciones.
