La Ley de Ética Gubernamental vigente, incluye como uno de los principios de la ética pública, de imperativo cumplimiento para funcionarios y empleados oficiales, el concepto del “Decoro”.
Este lo define como la obligación de: “…Guardar las reglas de urbanidad, respeto y buena educación en el ejercicio de la función pública…”. Y es normal que sea así, ya que las diferencias de opinión y el carácter público del debate, llama a las emociones básicas del ser humano.
Lo anterior, sin embargo, no puede justificar que ocurran más discusiones subidas de tono, ya que estas son observadas por la sociedad entera y tiene un efecto multiplicador en las discusiones que se sostienen en espacios populares, mediáticos y hasta educativos. La armonía social también debe ser un objetivo de gobierno y en ello, los órganos fundamentales del Estado tienen mucho que aportar.
El decoro es necesario y obligatorio.