La directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Mónica Ayala, y el secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro, aseguraron el pasado lunes 6 de octubre que la empresa cometió 824 irregularidades en su construcción, entre ellas el aumento de presupuesto para dicho proyecto pasando de cobrar $59 millones a $120 millones.
Ante las declaraciones, la empresa se desligó del valor mencionado por el Gobierno y connsideró oportuno aclarar que “IBT, LLC, únicamente ha recibido aproximadamente $59 millones, invertido al 100 % en la construcción del edificio”.
En 2007, la Cancillería de la República firmó un acuerdo para facilitar otro documento marco entre el ISSS y la UNOPS (Oficina de Naciones Unidas para Proyectos por sus siglas en inglés), para la ejecución de proyectos, según detalló el exdirector del Seguro Social, Ricardo Cea.
“La UNOPS era responsable de hacer los procesos de licitación que fueran necesarios, como el proceso de licitación de la empresa constructora, como el de la empresa supervisora o como la compra de equipos para que funcionara dicha institución". Ricardo Cea, exdirector del ISSS.
IBT Group fue la empresa designada para la construcción del hospital regional de San Miguel bajo dicho acuerdo marco, en el que se establecía que la compañía sería responsable “únicamente de la construcción de las instalaciones”, el diseño estructural y el equipamiento médico no sería parte del contrato, según detallaron en un comunicado.
“Con relación al diseño entregado a la constructora, se realizaron reiteradas observaciones a quienes correspondía, sin que fueran consideradas todas las modificaciones al mismo”. Comunicado IBT Group
El martes 7 de octubre el secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro y la directora del ISSS, Mónica Ayala, presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los supuestos actos de corrupción cometidos por la empresa.
“Este gobierno no se va a permitir este tipo de corrupción vamos a seguir adelante y vamos a encontrar a los responsables esperamos que el fiscal en este caso actúe directamente y que encuentre directamente a los responsables". Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia.
Sin embargo, IBT Group reiteró su “disposición para cooperar con cualquier investigación relacionada al Hospital de ISSS de San Miguel”.
¿Cuáles son las ilegalidades señaladas por el ISSS?
El Gobierno anterior estableció un acuerdo supranacional con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo cual habría hecho “sin la autorización del Presidente de la República, ni de Cancillería".
El acuerdo con UNOPS suscrito con los ex directores de la institución, en ese entonces Leonel Flores (2009-2014) y Ricardo Cea (2014-2019); especificó un contrato que inició con $55 millones, y que las deudas fueron incrementándose hasta llegar alrededor de $120 millones.
UNOPS hizo una licitación exprés donde 29 firmas retiraron la documentación, pero solo una ofertó: IBT Group. Los funcionarios afirman que fue una licitación "amañada", ya que IBT Group no ha pagado a alrededor de 22 proveedores.
IBT Group está reclamando $16.1 millones al Estado de El Salvador en concepto de importación de materiales. Según el acuerdo, el gobierno salvadoreño debía hacerse responsable de gastos adicionales que surjan en el proyecto, así como cargaría con los honorarios por arbitraje, multas o gastos imprevistos. El secretario jurídico afirma que ya se le han pagado alrededor de $700 mil a esta empresa.
Se utilizó hierro de baja calidad para construir las columnas de los edificios del hospital. Según Castro, esto ha dificultado el uso del nosocomio durante la pandemia. Destaca que cómo hay tuberías de aguas negras sobre los quirófanos y cambios en las especificaciones del hierro (de mayor a menor tamaño), ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y el personal médico.