El exalcalde de San Antonio de La Cruz, en Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores y tres personas cercanas a él fueron despojadas de sus bienes calculados en $616,000 tras vincular su adquisición a través del cometimiento de ilícitos, resolvió el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ayer.
Los bienes que le fueron confiscados al exalcalde Ayala Flores, Gerardo Flores, Julio Melgar y María Natividad consisten en:
- 12 inmuebles,
- 88 semovientes,
- siete vehículos y
- dos motos, todos valorados en $616,000.
Ha sido un fallo estimatorio a favor del Estado. El señor juez ha estimado por elementos justificados en todos los bienes que la representación fiscal invocó referente a inmuebles, vehículos y semovientes”, confirmó la fiscal.
El abogado, Ulises del Dios Guzmán, defensor del exedil Ayala Flores está en desacuerdo con la sentencia emitida por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio en contra de su cliente. “En general, la resolución es inconstitucional, ilegal y arbitraria”.
Afirmó que el juez reconoce que Fiscalía no acreditó delitos, reconoció que no hubo ingreso ilícito, tampoco hubo compra de bienes con dinero ilícitos o que no se pudo comprobar, sin embargo, extinguió los bienes.
Condena porque hubo incremento patrimonial injustificado, porque ahora resulta que la persona contra quien se dirige la acción no probó la licitud del dinero con los que adquirió los bienes en cada uno de los casos”, cuestionó el exmagistrado Guzmán.
“Una situación que a cualquiera de los seis millones de habitantes de El Salvador le puede pasar, aplicarle la ley y le extinguen los bienes con presunción de culpabilidad, así es la sentencia”, lamentó Guzmán.
Afirmó que el juez no extinguió los bienes en razón de que los hubiese adquiridos con dinero de ilícitos, por eso dijo que no, pero después dice que sí, porque el procesado no acreditó, la licitud de los dineros con los cuales fueron adquiridos sus bienes. “En esto hay contradicción y presunción de culpabilidad", criticó Guzmán.
Por esas razones, Guzmán aseguró que no se quedará de brazos cruzados, apelará la sentencia del juez de Extinción de Dominio ante el tribunal superior, la Cámara Especializada de Extinción.
En el proceso, Fiscalía sostuvo que las investigaciones han establecido que el exalcalde no ha tenido ingreso o remesas de parientes o que se haya ganado “el premio de la lotería” que justifique la adquisición de vehículos, propiedades, semovientes y equinos (ganado y caballos) excepto en el periodo de 2015 al 2021 cuando fungió como alcalde y devengó salarios de $3,000 por mes.
Suma de dinero, que según la Fiscalía, no era suficiente para hacer la fortuna que se le estaba cuestionando.