El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este viernes que ampliará su estrategia de seguridad nacional, el Plan Control Territorial, al que atribuye la dramática disminución de homicidios desde que inició su gestión en 2019.
La noticia llegó solo unas horas después que la Policía Nacional Civil (PNC) confirmara el asesinato de cuatro menores en el cantón El Anonal, del municipio de Turín, en Ahuachapán.
Tras condenar la masacre y prometer que no quedará impune, el mandatario aseguró que se lanzara una "Fase 4" del Plan Control Territorial.
En unos días recibiremos los recursos para la implementación completa de las fases 2 y 3, cuya información es pública. Y la Fase 4, que aún no es de conocimiento público, se anunciará pronto". Nayib Bukele, presidente de la República.
Bukele recriminó a los diputados de la legislatura anterior porque "gran parte de la fase 2 y la fase 3 no se pudieron implementar en su momento, porque los fondos estaban bloqueados desde enero del año pasado (2020)".
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— Diario El Mundo (@ElMundoSV) July 16, 2021
La nueva Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, ya ratificó dos préstamos para el Plan Control Territorial, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE): uno de $91 millones para la fase 2, ratificado el 11 de mayo; y otro de $109 millones para la fase 3, ratificado el 6 de julio de 2021.
La aprobación de este préstamo causó discordia entre el Ejecutivo y el Legislativo entre finales de 2019 e inicios de 2021. Las presiones del presidente Bukele y la resistencia de la Asamblea al indagar sobre más detalles del plan, dio pie a la toma del recinto legislativo por elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) el 9 de febrero de 2020.
Sé que no es fácil vencer al crimen. Hay demasiados intereses poderosos detrás, además de ser un mal endémico que plaga nuestras comunidades y nuestra sociedad, que se dejó crecer durante décadas". Nayib Bukele, presidente de la República.
¿En qué consisten las fases?
El Plan Control Territorial fue anunciado por Bukele como una iniciativa de siete fases, de las cuales dos ya fueron implementadas. Opositories del Gobierno de Bukele, sin embargo, creen que el Plan no existe como tal, debido a que los ministerios de Seguridad y Defensa declinaron entregar cualquier tipo de documento.
El plan también quedó en entredicho tras la revelación de el periódico El Faro sobre una supuesta tregua con las pandillas durante el Gobierno de Bukele. El grupo de periodistas señalaron que existen beneficios carcelarios a pandilleros; reuniones de altos funcionarios con la ranfla de la MS-13, y la entrada y salida de actores políticos de los Centros Penales del país.
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Más allá de estas evidencias, hasta ahora desconocen todos los detalles sobre despliegue territorial y estrategias puntuales para la reducción del delito, además del despliegue de las Fuerzas Armadas.
Bukele, sin embargo, se ha defendido diciendo que no puede revelarse la totalidad del plan para no alertar a los grupos delincuenciales de los pasos a tomar.
Aquí un resumen de lo que se sabe hasta hoy del polémico plan de Bukele:
La primera fase, bautizada como "Recuperación de territorios", consistió en sacar a las calles de cientos de policías y militares. La fase 2, en tanto, consiste en crear "oportunidades" para recuperar el tejido social.
La fase 3, que desató el 9F, pretende mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad, con la compra de armamento, uniformes, radios, patrullas, helicópteros, drones y cámaras de visión nocturna.
El financiamiento para la Fase 2, para reparar el tejido social en comunidades de alto riesgo, fue cuestionado por entregar más de $28 millones al Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), y más de $15 millones en reparación de calles.
En la fase 3, además, se cuestionó la compra de drones, helicópteros y buques; así como un sistema de videovigilancia de 4,000 cámaras, por temas de privacidad de los ciudadanos.
En la última fase conocida, además, se destinan $25.9 millones para infraestructura y videovigilancia; $46.9 millones para movilidad estratégica, que incluye dos helicópteros; $2.6 millones de equipo, infraestructura e inmobiliario médico para el Hospital Militar.
Otros $17.4 millones se invertirían en la compra de equipo táctico para la Policía y Fuerza Armada; $12.9 millones de equipo médico para el resto de unidades clínicas dedicadas a agentes de seguridad y sus familias; y $3.3 millones para administración y supervisión del préstamo.