Un informe del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio detalla que entre el 30 de noviembre de 2016 y 12 de septiembre de 2017, ingresaron cinco expedientes relacionados a maras o pandillas y en los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) pretende que $2,448,749.29 pasen al Estado.
Esa cantidad está distribuida en diversos rubros, $607,296.86 en efectivo, diez inmuebles con un avalúo (estimación del valor comercial) de $550,833.43, 142 vehículos valorados en $878,610; cinco porcentajes de sociedades que suman $412,000 y que tiene que ver con empresas vinculadas a las pandillas.
El monto de los bienes e inmuebles va incrementarse, ya que aún no existe avalúo de 11 propiedades y otros cinco vehículos que están en manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
De los cinco procesos relacionados a las actividades de maras o pandillas, dos ya tienen sentencia firme y son casos de vehículos, otros dos expedientes están en trámite y tiene que ver con la denominada “Operación Jaque”, realizada el 28 de julio de 2016.
Con “Jaque”, las principales fuentes de ingreso de 249 clicas, distribuidas en 48 programas, de la Mara Salvatrucha a nivel nacional fueron cortadas, ya que les incautaron bienes muebles e inmuebles y dinero en efectivo, que estaban a nombre de pandilleros y testaferros; entre ellos, empresarios del transporte colectivo que servían de prestanombres.
Un quinto expediente se refiere a cinco inmuebles pendientes de avalúo y que está por el momento con ratificación de medida cautelar. Se trata de propiedades del grupo familiar del empresario de transporte de la Ruta 6, Nelson de Jesús Aguirre Calderón, alias, “Paila”.
Según el proceso, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio señala que el transportista, junto a su esposa e hijos, adquirieron esos bienes mezclando dinero lícito con ilícito acción que los llevó a incrementar su patrimonio puesto que los fondos procedían de la Mara Salvatrucha.
Esos bienes son: el Motel Las Nuevas Cabañitas, en Ciudad Delgado, los demás están registrados según el catastro en los municipios de Cuscatancingo y Ciudad Delgado, entre esos inmuebles esta una casa lujosa de Aguirre Calderón, en una residencia privada.
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía tomó acciones de medidas cautelares y solicitudes oficiales de inicio de procesos, con el fin de proteger los valores (dinero, bienes e inmuebles) para que las pandillas no fueran a tomar ninguna acción y desarmarlas financieramente.
En las investigaciones que iniciaron con procesos penales a estructuras completas de las pandillas, se detectó que la fortuna amasada por estos grupos, producto de actividades ilícitas, fue traspasada a sus parientes y amigos más cercanos.
La fiscalía ampara su petición en el artículo 5 de la Ley Especial de Extinción de Dominio.
