Asimismo, detalló que en este caso el ministerio solamente puede determinar las medidas de protección, porque “la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, lastimosamente permite la compra y venta de objetos o bienes culturales, entonces una persona que tenga un sitio arqueológico en ningún momento tiene prohibido vender ese sitio arqueológico, lo que sí se prohíbe, son las actividades que se van a realizar dentro del sitio, es decir, dentro del suelo, es lo que está restringido en este caso”, acotó Díaz.
Esto surge luego que la semana pasada el Ministerio de Cultura, a través de un comunicado de prensa, hiciera del conocimiento del público que la isla-península no podía venderse y hacía un llamado a las personas y medios de comunicación a abstenerse de la publicación de cualquier anuncio de venta de dicha propiedad.
En el comunicado también se especificaba que en el 2015, el inmueble fue inspeccionado por la Fiscalía General de la República (FGR) y que se promovió el proceso de nulidad de título contra Mauricio Antonio Valiente Berdugo, quien había vendido la propiedad a Jorge Alberto Panameño, así lo aclara el informe de la Unidad Civil de la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado de la FGR.
Díaz afirma que hay un proceso judicial en cuanto a la tenencia de la tierra y que en éste están vinculadas otras instituciones como el Instituto Salvadoreño de Transferencia Agraria (ISTA), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), así como los comodatos que se les han dado a 18 personas para que puedan cultivar y vivir en la isla.
Ante esto, el arqueólogo de Fundación Nacional de Arqueología (Fundar), Paul Amaroli, considera que deben tomarse decisiones sobre esta situación, protegiendo el sitio arqueológico con vigilancia y reubicando a los residentes a un lugar digno, para así evitar la destrucción de la isla.
“No hay manera que eso se vea como compatible en absoluto, por el hecho de hacer uso de la isla informal, se abrió una calle por medio de la zona de piedras con petrograbados”, afirmó Amaroli.
Díaz dijo que el Ministerio coordinará las medidas con el “supuesto” dueño del lugar, al definir la tenencia, salvaguardar el sitio y reubicar a los habitantes del sitio.
