Roberto Silva también es procesado por violencia contra la mujer, en perjuicio de una diputada del FMLN.
El juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió ayer que el youtuber, José Roberto Silva Rugamas, continúe en detención provisional mientras es procesado en instrucción pero no por el delito de violencia contra funcionario público o agente de autoridad como lo solicitó la Fiscalía General de la República, sino por desacato.
El juzgado fundamentó el cambio de delito contra Silva Rugamas, porque no se estaba frente a grupos de pandillas que cometen este ilícito.
Pero la fiscal del caso no piensa de la misma forma, porque mientras el delito de violencia contra funcionario público es sancionado con una de pena de 5 a 15 años de prisión; el de desacato, la pena es de dos a cuatro años de prisión.
“El señor juez hace una valoración que Fiscalía no comparte, porque los elementos tipos que establecíamos en el delito violencia contra funcionario se cumplen, a diferencia de los elementos tipos de desacato que definitivamente no se cumplen en el caso que se instruye en el señor Silva Rugamas”, manifestó la fiscal.
En ese sentido, la fiscal adelantó que apelarán la resolución del juez porque no se cumplen los parámetros legales para desacato.
“Día a día en las redes sociales, todo el que tiene un celular se siente con el derecho de ofender”. Jorge Schafik Hándal, víctima
La acusación.
Los hechos que se atribuyen a Silva Rugamas ocurrieron entre las 8:00 y 9:00 de la mañana del 5 de marzo de 2020 en el portón sur de la Asamblea Legislativa; ahí el diputado Jorge Schafick Handal se bajaba del vehículo.
En ese instante, aparentemente el youtuber Silva Rugamas increpó al diputado efemelenista hasta llegar a los insultos, que incluso provocaron que el diputado también se saliera de control.
El juez también dio cinco meses a Fiscalía y defensa para que reúnan todas las pruebas tanto en contra como a favor del imputado.
El diputado Handal asistió a la audiencia en su condición de ofendido y a la salida de la sala manifestó que con este tipo de proceso se busca sentar un precedente, “porque día a día en las redes sociales, todo el que tiene un celular se siente con el derecho de ofender, ultrajar o acusar de lo que sea a cualquiera sin ningún tipo de responsabilidad”.