Como viceministro de Seguridad Pública, "la función mía era de tipo administrativo, la de tipo operativo la tiene solo el estado mayor de la fuerza armada", alegó Montano, de 76 años, en la sala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid.
En su declaración en el juicio iniciado el lunes en España, de donde procedían cinco de los religiosos, Montano buscó desligarse de los hechos y hacer ver que no podía dar órdenes a los militares que cometieron los crímenes en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de noviembre de 1989.
"El delito lo cometieron soldados, no lo cometieron policías, que son los que estaban a cargo de mi persona", afirmó Montano en su testimonio de una hora, sentado en una silla de ruedas y con mascarilla en el rostro, un requisito por la pandemia del coronavirus.
El ministro y viceministro de defensa eran "los encargados de la seguridad nacional, que en ese momento estaba comprometida por el choque con las fuerzas del FMLN (la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), que es una organización terrorista", dijo.
"No hubo nunca pretensiones de hacerle ningún daño a él (al rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, uno de los asesinados) o a la Iglesia o a la universidad", subrayó Montano, que solo contestó a preguntas de su abogado y se negó a responder a las partes acusadoras.
- Oportunidad perdida -
La fiscalía española acusa a Montano de haber participado "en la decisión, diseño o ejecución del asesinato" como parte junto a otros militares de "una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población".
Por ello, la fiscalía solicita para él 150 años de cárcel por cinco "asesinatos terroristas", los correspondientes a los sacerdotes españoles.
El abogado Manuel Ollé, representante en el juicio de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, lamentó que en su declaración Montano haya perdido "una oportunidad histórica de decir la verdad, de contribuir al esclarecimiento de los hechos".
"Si algo está demostrado documentalmente, testificalmente, es que él estaba en el poder de decisión" al momento de la matanza, dijo Ollé a periodistas.
- Debate sobre la prescripción -
Durante la audiencia, el abogado de Montano, Jorge Agüero, alegó que los hechos en los que el llamado batallón Atlacatl tirotearon a Ellacuría, los otros cinco jesuitas y a la mujer y la hija del guardián de la universidad, prescribieron según las leyes salvadoreñas.
Pero la fiscalía defiende que según la justicia española el procedimiento no prescribió, porque la investigación se inició dentro de los 20 años de plazo en 2009, en base al principio de justicia universal.
https://www.youtube.com/watch?v=VIYnr-5it08
Según la acusación, la línea dura del ejército, Montano entre ellos, veían a los jesuitas, que habían mediado entre el gobierno y la entonces guerrilla opositora del FMLN para tratar de poner fin a la guerra civil (1980-1992), como posible resistencia a su estrategia de "guerra total" contra los insurgentes.
Este juicio, muy esperado tanto en El Salvador como en España, es el primero que se realiza por la matanza en la UCA, pues la Corte Suprema de Justicia Salvadoreña rechazó la entrega a España de los militares que se encontraban aún en ese país.
Montano llegó en noviembre de 2017 desde Estados Unidos, donde residía y estuvo dos años encarcelado hasta que la justicia de ese país decidió a favor de la petición de la justicia española de extraditarlo para enjuiciarlo. En España, ha permanecido desde entonces en prisión preventiva.
El juicio debe culminar hacia mediados de julio, después de la declaración de peritos y testigos, entre ellos un subordinado del coronel retirado, el teniente René Yusshy Mendoza, quien ha colaborado con la justicia española y el lunes fue sobreseído en este causa por el tribunal.