La presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas, aseguró que el Poder Ejecutivo puede emitir “en una primera fase” una declaratoria de emergencia pero esta debe ser “ratificada por la Asamblea Legislativa”.
Si no es ratificada por el órgano legislativo, cumplirán el proceso ordinario de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
“Al haberla emitido en base a la Ley de Protección Civil, ellos necesitarían como un aval de la Asamblea Legislativa, similar a lo que pasó al inicio, lo decretó el Ejecutivo y después la Asamblea Legislativa emitió el decreto declarando la emergencia nacional”, explicó la funcionaria.
Mientras tanto, la Corte de Cuentas se apegará al proceso ordinario que ordena la LACAP. Esta ley permite compras directas, pero bajo un procedimiento concreto distinto al amparado el decreto de emergencia nacional 593, que autorizó a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) a emitir normativas especiales de compras durante la emergencia por el COVID-19.
“Nosotros tendríamos que hacer la verificación de compras en base a lo que la LACAP ordinariamente establece, no en los lineamientos de la UNAC. Al haber la declaratoria de emergencia por parte de la Asamblea nosotros podríamos ir utilizando estos lineamientos que ver que se estén aplicando, pero al no haber un aval de la Asamblea Legislativa tendríamos que verificar que por lo menos se haya cumplido los requisitos de la LACAP ordinariamente”, explicó la titular de la institución encargada de vigilar el buen uso de fondos públicos.
Este escenario, explicó, sería diferente si el Ejecutivo hubiera declarado emergencia con base en el Código de Salud, por la pandemia.
El Gobierno anunció este domingo que continuará realizando compras directas por la emergencia por el COVID-19. El decreto de emergencia nacional lo autoriza a realizar compras de urgencia y transferencias presupuestarias.