El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, aseguró que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, a cargo del caso de El Mozote, ya fue destituido y reemplazado, en cumplimiento a las reformas a la ley de la carrera judicial.
Durante la Entrevista AM, López Jerez aseguró que más de 100 jueces han sido sustituidos desde el 27 de septiembre, cuando entró en vigencia el decreto legislativo 144, que ordena cesar “automáticamente” a los jueces mayores de 60 años de edad y con más de 30 años en la judicatura.
Entre los jueces cesados está el juez Jorge Guzmán, quien se negó a continuar conociendo el caso de la masacre de El Mozote hasta que los diputados no deroguen las reformas que retiran a sus compañeros.
López Jerez aseguró que "prácticamente se le suplicó" para que continuara en el tribunal, e incluso se le ofrecieron "condiciones muy diferentes" a las del resto de jueces, que se sometieron a un "régimen de disponibilidad" o recibieron 24 salarios para retirarse voluntariamente; pero Guzmán no aceptó.
Al juez prácticamente se le suplicó que continuara en esa sede judicial para que el caso no se atrasase, se le ofrecieron excepcionalmente condiciones muy diferentes a las de otros jueces que renunciaron, pero él fue testarudo. Yo mismo lo intenté ubicar, y a través de un medio de comunicación le hice saber que no se fuera". Óscar López Jerez, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Una jueza "diligente".
El presidente de la Corte Suprema, nombrado el 1 de mayo por diputados de Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa, admitió que el caso "va a tener un atraso", pero que ya se juramentó a una nueva jueza, que es "diligente".
El caso va a tener un atraso, pero, ¿qué hemos hecho? Nombramos una jueza que es muy diligente se le están dando todas las herramientas para que ese caso continúe, no se frustre, y que dé su decisión final lo más pronto posible". Óscar López Jerez, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Organizaciones de víctimas como la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, señalaron en septiembre pasado que las reformas para destituir a jueces obstaculizan su derecho a tener justicia, tras 40 años de ocurrida la masacre, una de las más crueles en la historia de América Latina.
Cada año, más víctimas y familiares de víctimas de la masacre mueren sin recibir justicia, en un proceso judicial que fue cerrado por el mismo Estado por 23 años, a causa de la Ley de Amnistía General.
"No es obligatorio".
López Jerez aseguró que el decreto 144, ampliamente criticado por destituir automáticamente a los jueces mayores de 60 años, "no obligaba a nadie a renunciar", si no que era "voluntario".
"Las reuniones fueron para ver la forma más conveniente (en que los jueces podían renunciar)", declaró.
Sin embargo, dejó en claro que las opciones de los jueces eran dos: renunciar y retirarse con 24 salarios, o bien, someterse a un "régimen de disponibilidad", que les permitiría seguir en sus respectivos tribunales, sujetos a cambios de la Corte Suprema de Justicia.
Agregó que en ningún momento la Corte estuvo dispuesta a analizar si este decreto era legal o no. "Se les aclaró (a los jueces) que nosotros no pretendíamos introducirnos en análisis del decreto legislativo. Le dimos operatividad al decreto sin decir si era inconstitucional o no", añadió.