Ernesto Muyshondt a su llegada a la sede judicial manifestó tener un problema nuerológico. Foto: Gabriel Aquino
La Fiscalía General de la República presentó este lunes una nueva acusación en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por presunto incumplimiento de deberes.
Según el fiscal del caso, Muyshondt tenía conocimiento del impago de retenciones salariales de los empleados y “omitió y retardó las acciones pertinentes para resolver el inconveniente”.
Las cuotas laborales no habrían sido enteradas a entidades financieras y de previsión social entre mayo de 2019 y abril de 2021, añadió el fiscal.
Además, la FGR también acusó por el delito de apropiación y retención de cuotas laborales a Santos Omar Muñoz González, exdirector financiero de la alcaldía capitalina, y Fernando Heriberto Portillo Linares, extesorero de la comuna.
La Fiscalía pidió la detención provisional de los acusados por considerar que el riesgo de fuga es “claro y alto”.
En declaraciones a la prensa a su llegada a la sede judicial el exedil capitalino dijo esperar que “cese la persecución y hostigamiento”.
Reveló además que de momento se encuentra resguardado en la clínica del centro penal La Esperanza por un problema neurológico.
Agregó que hace aproximadamente, él y el extesorero de la comuna capitalina Fernando Portillo cancelaron fianzas por $50 mil y $10 mil respectivamente, y sin embargo, aún permanecen bajo arresto en el penal.
Muyshondt tildó su arresto como “ilegal”, debido a que tras el pago de la fianza y la orden judicial de arresto domiciliario emitida por un juez, esta no se ha hecho efectiva.
La Dirección General de Centros Penales informó el 30 de julio pasado que el exfuncionario seguiría recluido en un penal debido a que no contaban con grilletes electrónicos para asignarle a Muyshondt, desoyendo la orden de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador que ordenó enviarlo a arresto domiciliar.
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El exalcalde enfrenta con este su tercer proceso judicial, después de acumular uno por la supuesta retención de cuotas laborales por más de medio millón de dólares y otro por presunto fraude electoral y negociaciones ilícitas con pandillas