Foto Archivo DEM
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron este viernes el allanamiento de las oficinas centrales de Alba Petróleos en Antiguo Cuscatlán y de 25 subsidiarias localizado en san Salvador, La Libertad, Sonsonete y La Paz, como parte de una investigación de lavado de dinero.
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“Estamos procediendo a realizar un registro en las instalaciones de la sociedad Alba con sus distintas manifestaciones:Alba Petróleos, Alba Alimentos, Alba Gas y otras 24 empresas más relacionadas. Es una orden de registro autorizadas por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador con la finalidad de incautar documentación y equipo informático y toda la información que nos pueda servir para una investigación que estamos realizando”, indicó German Arriaza, director de la Unidad Anticorrupción y Contra la Impunidad de la FGR.
Cortesía FGR
Germán Arriaza Director Anticorrupción y Contra la Impunidad, explica procedimiento de allanamiento en empresas Alba. pic.twitter.com/B7JPGJpjXX
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 31 de mayo de 2019
La intervención de las subsidiarias de la sociedad Alba incluye a la compañía generadora de electricidad Termopuertos, en Acajutla; a Enepasa, la sociedad que conforman las alcaldía del FMLN. También han sido allanadas las compañías de Alimentos Procesados Procesal; Energor ligada energía orgánica en Antiguo Cuscatlan.
Los allanamientos fueron ejecutados simultáneamente en San Salvador, La Libertad, Sonsonate y La Paz. pic.twitter.com/eJH2uuo5yb
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 31 de mayo de 2019
La lupa está puesta sobre Alba Petróleos luego que una investigación internacional revelara que es parte de una red criminal global relacionada a la petrolera nacional venezonala PDVSA que vincula a varias empresas de fachada, líderes políticos aliados de la región, élites económicas y organizaciones criminales, desde El Salvador hasta los Estados Unidos, Rusia a Hong Kong y varios paraísos fiscales financieros, revela una investigación realizada por Douglas Farah y Caitlyn Yates.
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El informe conocido ayer se titula “La última resistencia de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana”, y es firmado por Douglas Farah y Caitlyn Yates, de IBI Consultants, LLC, y la Universidad Nacional de Defensa (INSS, por sus siglas en inglés), luego de cinco años de investigación de campo y recolección de documentos en 11 países.
De acuerdo al informe, esta empresa criminal conjunta no solo tomó miles de millones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción en la región.
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La investigación señala expresamente a José Luis Merino, viceministro para inversión y desarrollo financiero del Gobierno del FMLN, y “otros reputados testaferros” crearon “una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá”.
Los investigadores determinaron, a través de entrevistas a inteligencia financiera panameña, que Alba Petróleos y sus compañías vinculadas transfirieron $1.1 mil millones a ocho compañías panameñas y luego estos fondos terminaron en paraísos fiscales del Caribe y Europa, como Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia, declarando a su vez la deuda “incobrable”.
La investigación, que señala la existencia de ventas falsificadas de petróleo, detalla que Alba Petróleos “casi no recibió petróleo de PDVSA entre 2010 y 2017” aunque registró ingresos de $200 millones anuales.
