El 5 de diciembre de 1938, la Asamblea Legislativa aprobó por primera vez que la mujer salvadoreña tenía derecho a emitir el sufragio en elecciones.
Según el historiador, Carlos Cañas Dinarte, el voto femenino ya había cobrado vida en países anglosajones y europeos y desde el 1 de octubre de 1931, España lo incluía en su legislación. Siete años más tarde, El Salvador aprobó una ley “en la que que se reconoció que tenían derecho al voto, las casadas mayores de 25 años, que presentarán su cédula de vecindad y su acta matrimonial, mientras que las solteras debían tener más de 21 años de edad y un título profesional o ser mayores de 30 años y poseedoras, al menos, del certificado de sexto grado de escolaridad”, dice Cañas Dinarte en su escrito titulado “El largo camino hacia el voto femenino”, publicado en ecumenico.org.
De hecho, la Constitución Política de El Salvador de 1939 reconoce que es derecho de todos los ciudadanos mayores de 18 años, ejercer el sufragio y optar a cargos públicos, sin embargo el artículo 21 de la Carta Magna de la época establece que el ejercicio de este derecho para las mujeres estar regulado en la ley electoral de ese entonces.
La gesta del voto femenino en el país había iniciado años antes y fue más notorio en 1930, cuando Prudencia Ayala lanzó su candidatura para ser presidenta de la república; su plataforma apoyaba los derechos de la mujer e incluía apoyo a los sindicatos, limitación de la distribución y consumo del aguardiente y respeto por la libertad de culto, además del reconocimiento a los llamados hijos ilegítimos.
El espaldarazo internacional ocurrió en 1952, cuando la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, el 20 de diciembre y adoptada hasta el 31 de marzo de 1953. El propósito fue codificar un estándar básico internacional para dichos derechos y reiterar el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se establece que todas las personas poseen el derecho de participar en el gobierno de su país y de ser designadas en cargos públicos.
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