El empresario salvadoreño Juan Tennant Wright Castro denunció ayer intentos de “extorsionarlo” para que el fallo del caso Taiwán fuera favorable a él.


“Yo no transo con ningún manejo de la Ley y más adelante en el proceso vamos evidenciar que hemos sido extorsionados, tenemos grabaciones de las declaraciones de gente que nos ha pedido plata para arreglar esto”, denunció el empresario, ayer al finalizar el juicio donde fue condenado civilmente a pagar $2 millones al Estado.


Afirmó que espera heredar un apellido a sus hijos y a las nuevas generaciones.




El dinero va y viene, aquí hay empresarios arrastrados que le están haciendo el juego a esta nueva realidad del sistema judicial y al señor presidente, para poder seguir haciendo pisto (dinero)”. Juan Tennant Wright Castro, empresario condenado en el caso Taiwán ayer.



El empresario sostuvo que le sorpredió que el principal testigo del caso sea Antonio Salaverría “Me sorprende que sea Antonio Salaverría el principal testigo de la Fiscalía en este caso, y me sorprende las circunstancias por las cuales no fue él responsabilizado, no estoy diciendo que sea culpable, lo que está claro es que estamos viviendo una nueva realidad jurídica”.


Wright aseguró que el fallo no le quita el sueño, que tiene su conciencia tranquila y que hablará con sus empleados sobre esta situación porque “yo no tengo por qué caerle bien al señor Bukele y a este atajo de cuatreros que lo rodean”.



Wright dijo que con el fallo, el Gobierno quiere mandar un mensaje a los empresarios: “Aflijánse, tengan miedo, porque los vamos a topar, ustedes no pueden ser oposición’. Yo voy a ser oposición de este gobierno, que es el gobierno más corrupto que hemos tenido en la historia hasta mis últimos días y me tiene sin cuidado el fallo porque lo vamos apelar en todas las instancias y afuera del país, si es necesario”, puntualizó.


El juzgado Segundo de Instrucción lo encontró culpable civilmente a él, al empresario Gerardo Balzaretti y al expresidente de la República, Antonio Saca por el desvío de los $10 millones que donó Taiwán entre 2003 y 2004 para la reconstrucción del país, después de los terremotos del 2001.

Según la jueza, Wright Castro es responsable de no haber notificado las irregularidades en el Centro de Estudios Políticos Juan Antonio Rodríguez Porth.

La defensa del empresario señaló de "aberración" la resolución judicial, porque se basa en un supuesto peculado del expresidente fallecido, Francisco Flores, cuyo caso no llegó a juicio.