El juicio fue programado para hoy a las 8:30 a.m., conscientes que los problemas podrían seguir persistiendo por parte de Centros Penales. Ayer, estaba previsto que el juicio iniciara a las 8:30 a.m. en una de las salas del Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador, pero al intentar conectarse a través de videoconferencia con los imputados recluidos en penal de Ciudad Barrios, se identificaron problemas con la conexión. El juez otorgó un período de dos horas para solventar el problema, pero fue imposible.
A las 11:05 a.m., Centros Penales informó al juzgado que los problemas técnicos aún persistían, por lo que el juez tomó la decisión de programarlo para las dos de la tarde, de ayer mismo.
A las 2:00 p.m., la representación fiscal y los abogados defensores de los 87 imputados ya estaban listos en la sala, esperando la instalación del juicio. Cuando el juez ingresó a sala manifestó: “Seguimos en lo mismo. La Dirección General de Centros Penales no ha sido capaz de resolver el impasse”, y que “no se sabe cuánto tardarán en arreglarlo”, dijo.
Incluso, el aplicador de justicia expresó que “en apariencia” podría tratarse de un problema en “mayúsculas”. Una vez más, el juez trasladó la vista pública para hoy exigiéndole a Centros Penales “proporcionar los medios necesarios para iniciar (la vista pública)”.
Ante esa aseveración, uno de los abogados defensores pidió al juez que los imputados que están en los penales sean trasladados al juzgado, petición que Fiscalía no compartió, aludiendo a la vigencia de las medidas extraordinarias que prohíben el traslado de reos a las audiencias. El juez negó la petición.
Dos abogados más le externaron al juez que sus clientes, recluidos en Izalco y Zacatecoluca, estaban mal de salud y que desde hace meses no se les brindaba atención médica. El juez ordenó a las autoridades de cada penal constatar la salud de los reos y a partir del diagnóstico, darles tratamiento. Uno de los reos, identificado como Dany Balmore Romero García se quejó del trato “inhumano” en las cárceles, pero el juez dijo que enviaría el informe a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
