La Fuerza Armada impidió el acceso a su archivo en el Estado Mayor Conjunto, al juez de Instrucción Jorge Guzmán, quien tenía previsto iniciar la inspección de los documentos por el proceso penal de la masacre de El Mozote, ocurrida a manos del Batallón Atlacatl en diciembre de 1981. / Francisco Valle.
El coronel Carlos Vanegas informó al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, que no darían acceso a los archivos militares que resguardan en el Estado Mayor de la Fuerza Armada, en San Salvador, una diligencia judicial que se realiza en el proceso penal por la masacre de El Mozote, ocurrido en diciembre de 1981.
Las inspecciones de archivos militares fueron programadas desde el 28 de agosto recién pasado, en una audiencia especial donde participaron representantes de la Presidencia de la República y aseguraron tendrían todo listo para recibir al juez, este 21 de septiembre.
El juez Guzmán preguntó al coronel Vanegas si firmaría una constancia en donde quedará por escrito que la Fuerza Armada no permitirá el acceso a sus archivos y responde que.
Delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos formaban parte de la diligencia que la Fuerza Armada impidió. / Francisco Valle.
La semana pasada se conoció que el ministro de la Defensa, René Merino, envió una carta a la Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo no ejecutar la inspección, por considerarla ilegal, según una publicación de Revista Factum; sin embargo, la misma publicación señala que los magistrados rechazaron esa petición.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y los acusadores particulares plantearon tres escenarios para estas inspecciones: que el acceso sea limitado, que permitan acceder al archivo o que impidan el acceso completamente.
Los acusadores se remontan a febrero pasado, cuando el Ministerio de la Defensa impidió el acceso a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, cuando estos habían ordenado una inspección a los archivos militares del Estado Mayor, por las tomas al campus de la Universidad de El Salvador en la década de los 70.
David Morales, acusador particular en el proceso de la masacre El Mozote, calificó de ilegal el bloqueo de la Fuerza Armada al juez. / Francisco Valle.
¿Cuáles son las consecuencias?
La semana pasada, los acusadores particulares señalaron que una de las consecuencias de impedir el acceso a los archivos militares sería que el juez puede certificarle a la Fiscalía General de la República el posible cometimiento de delito.