El golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 fue la última asonada militar del siglo pasado. Desde entonces, los procesos electorales se suceden con regularidad y los gobiernos civiles electos democráticamente pueden tener la expectativa de llegar al final de su mandato, sin el sobresalto de ver éste interrumpido por una insurrección militar o por un golpe en curso que los aísle de las autoridades antes bajo su mando y que luego les conduzca al exilio, como ocurría hace varias décadas.
A pesar de esta tradición autoritaria, que no fue exclusiva de nuestro país, el golpe contra el gobierno del general Carlos Humberto Romero tuvo una inspiración democrática. Sobre esto, conversamos con el ingeniero Rodrigo Guerra y Guerra que, junto con su hermano René y muchos de los camaradas militares de este último, comenzaron a vislumbrar lo que debía ser un nuevo país, mientras iniciaban su vida profesional a comienzos de los años 70.
El general Carlos Humberto Romero, depuesto el 15 de octubre de 1979.
“La proclama fue el proyecto de mi vida”, dice Rodrigo Guerra, mientras hojea de nuevo las páginas en las que fue mecanografiado el documento que sirvió de inspiración al movimiento de la juventud militar, que en poco más de cinco páginas incluye la justificación para el golpe de Estado, la enumeración de lo que percibían como las principales causas del desastre nacional, en la que –aseguraban– había caído el país, y la lista de acciones inmediatas que habrían de tomarse por parte de un nuevo gobierno de inspiración democrática y verdadera representación popular.
La decisión de proceder a un nuevo golpe de Estado no había sido fácil. La tarea de convencimiento entre las filas de los oficiales militares había abarcado a buena parte de los tenientes y capitanes que constituían los mandos operativos de la institución armada, pero también se había buscado y obtenido el apoyo de las universidades, sindicatos e iglesias, así como empresarios y terratenientes con sensibilidad social, y políticos opositores al régimen, víctimas de los sucesivos fraudes electorales en los que se cimentaba dicho régimen.
Con una cohesión bastante amplia y una proclama que gozaba de la aprobación de los sectores involucrados, cuyos representantes apenas hicieron observaciones al proyecto elaborado por Guerra y Guerra, las primeras acciones de la insurrección quedaron fijadas para la mañana del 15 de octubre de 1979, rompiendo con la tradición de los golpes nocturnos y comenzando por garantizar el control de la Primera Brigada de Infantería –más conocido como el “Cuartel San Carlos”; así, inició una insurrección que en nombre de la democracia y los derechos humanos había sido organizada por jóvenes militares.
La acción militar tuvo éxito desde el inicio, a la toma del cuartel San Carlos se sumó la Segunda Brigada de Infantería en Santa Ana, la Brigada de Artillería y la Escuela Militar, donde su director, el coronel Adolfo Majano, ya se perfilaba como el representante del sector más progresista de la juventud militar, en contraposición al coronel Jaime Abdul Gutiérrez, jefe de la Maestranza Militar y vinculado a oficiales de línea dura.
Asegurado el control de los cuarteles en las primeras horas de ese día, los líderes civiles y militares del movimiento enfrentaron la delicada tarea de dar a conocer la Proclama que justificaba sus acciones, a la vez que convocaban a la formación de un nuevo gobierno de unidad nacional, que gozara de legitimidad entre los más variados sectores comprometidos con la democracia y la paz en el país.
Mi primera misión consistía en ir a las seis de la mañana a casa de Román Mayorga para mostrarle el único borrador que existe de la Proclama, junto con otras dos propuestas: una preparada por Mariano Castro Morán y Ulises Flores, y otra por Francisco Roberto Lima. Román analizó los tres documentos y escogió el que yo había preparado, pidiendo solamente que no se incluyera la disolución del PCN”. Rodrigo Guerra en su libro “Un golpe al amanecer” (Índole Editores, 2009).
Posteriormente, otros abogados militares sugirieron la eliminación de las referencias sobre la “distribución equitativa de la riqueza” y la mención de que la Fuerza Armada “ha violado los derechos humanos del conglomerado”. Ambas citas, sin embargo, se mantuvieron en el texto que fue leído a medianoche en cadena nacional de radio y televisión.
Escribe en su libro Guerra: “Al día siguiente, el ERP organizó levantamientos armados en varias ciudades del área metropolitana como Mejicanos y San Marcos. Estos fueron derrotados por el Ejército, pero comenzaron a crear dudas entre los jóvenes militares en cuanto a la actitud de la extrema izquierda con relación al derrocamiento de un régimen que la había reprimido con gran violencia. Ese día por la mañana, monseñor Romero había hecho un llamamiento público pidiendo el cese de las hostilidades y el apoyo a la Proclama, pero no fue escuchado…”.
El movimiento de la juventud militar fue exitoso, deponiendo al último gobierno del PCN, sustituyéndolo por una primera Junta Revolucionaria de Gobierno, de la que formaron parte los coroneles arriba mencionados, pero también Mario Andino, representando a la empresa privada; Román Mayorga Rivas, antiguo rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca); y el abogado Guillermo Manuel Ungo, en representación del Foro Popular, que aglutinaba a organizaciones sociales identificadas con el proceso de reforma agraria, los derechos humanos y la democratización del país.
Al final, se impondrían la jerarquía militar y la tradición; y las reformas propuestas en la Proclama de la juventud militar fueron limitadas en su alcance por el mismo clima de violencia en el que se pretendían implementar y por sectores opuestos a su contenido. A las puertas de una guerra civil, que otorgó protagonismo a las más extremas visiones políticas de entonces, éstas se impusieron, postergando las reformas y apostando a una victoria militar que nunca llegó.
