La maestra tiene un salario de $655, pero en sus años de servicio solo ha logrado ahorrar $20,000 en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), por lo que, al retirarse, tendría la pensión mínima de $207.60 mensuales.
“La pensión es demasiado baja y no va acorde al costo de la vida, ni de la canasta básica. El salario también es bajo y por eso no me puedo retirar mientras no haya pagado mis deudas”, afirmó. Aunque tenga el deseo de retirarse, por el momento y debido a sus deudas, continuará trabajando por tiempo indefinido, pero seguirá cotizando para lograr una pensión vitalicia, que recibirá después de 20 años o cuando se agote el dinero ahorrado.
Magdalena es parte de los 900 maestros que en 2018 decidieron no apegarse al decreto de retiro voluntario que aprobó la Asamblea Legislativa, que permitía la jubilación de 1,383 docentes y 400 trabajadores administrativos a nivel nacional, que tuvieran la edad y años de servicio necesarios para ello.
Los maestros que se acogieran al decreto recibirían 12 salarios como compensación, en dos bonos, uno pagado en marzo y el otro en junio de este año, pero solo 400 docentes y 200 trabajadores administrativos se retiraron.
El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, coincide en que la principal razón por la que los maestros se niegan a retirarse, a pesar de tener la edad necesaria, son las bajas pensiones, en comparación con lo que actualmente ganan en sus instituciones educativas.
“Los maestros no se retiran porque muchos todavía tienen deudas familiares y sienten que los 12 salarios que se les darían en dos pagos se lo van a terminan en cualquier otra necesidad, en un corto tiempo, y luego se quedarían solo con la cuota de pensión”, indica Castaneda.
El funcionario señala que para resolver el problema previsional en el sector público y privado es necesario un acuerdo político entre los diputados, para que el país pueda replantear un sistema alternativo de pensiones, donde cada quien elija quedarse en un régimen público o privado.
Castaneda también señala que analizan crear un sistema previsional para maestros, manejado desde la Caja Mutual. “Tenemos la experiencias de la Caja Mutual del ramo de Educación, donde nosotros pudiéramos rediseñar una AFP magisterial y hay fondos para poder arrancar”, asegura.
La Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) se reformó en 2017 y se acordó, entre otros cambios, aumentar la edad de cotización. Ahora a los trabajadores se les descuenta el 15 % de su salario para ahorrarlo en la AFP, ya no el 13 %. De ese 15 %, el 7.25 % es aporte del empleado y 7.75 % proviene de su empleador. Además, el 10 % de esa cotización se dirige a la cuenta del trabajador en la AFP y el 5 % a la Cuenta de Garantía Solidaria, un fondo común que financia pensiones vitalicias.
Para el director de la departamental de Educación de San Salvador, Augusto Hernández, los docentes no se retiran, solo por las pensiones bajas, también porque muchos padecen enfermedades crónicas y prefieren ser atendidos en el Instituto de Bienestar Magisterial (IBM), que en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). No descartó que busquen evitar deprimirse por no seguir activos.
No obstante, Hernández advirtió que al no retirarse, desfasan parte del sistema educativo, ya que solo en el departamento de San Salvador, donde laboran alrededor de 10,000 docentes, unos 1,800 están desactualizados en materias como informática e inglés.
